Un grupo de organizaciones enfocadas en la protección del ambiente realizaron una manifestación frente a las oficinas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para denunciar el plan de manejo de vegetación que lleva a cabo la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico, LUMA Energy.
Bajo el lema, “Una sola lucha”, representantes de Sierra Club, Toabajeños en Defensa del Ambiente, el Comité de Diálogo Ambiental entre otras organizaciones expresaron el peligro ambiental que representan los químicos y la deforestación que estará realizando la empresa privada para manejar la vegetación que se encuentra cerca de las líneas de transmisión de energía.
Las organizaciones señalaron que el plan de manejo de vegetación de la empresa violenta la política pública ordenada por la Ley de Mitigación, Adaptación, Resiliencia al cambio climático de Puerto Rico (Ley 33-2019) y que pone en alto riesgo los bienes naturales y ecosistemas del archipiélago. Estos exigieron a la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez que se exprese sobre la dispensa solicitada por LUMA para la eliminación de vegetación utilizando glifosato y otros 16 herbicidas, además de la deforestación en unas 16 mil millas del tendido eléctrico.
Según se reportó esta semana en el programa Cuarto Poder (WAPA TV), la empresa estará realizando unos cuatro herbicidas que están prohibidos en la isla ya que no están registrados por el Departamento de Agricultura. En el reportaje, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, indicó que los herbicidas Arsenal Habitat, Ranger Pro, View Point y Velpar L VU no tienen autorización para ser utilizados.
En junio también se reportó que las empresas contratadas por LUMA para este trabajo son: Wright Tree Service of Puerto Rico, CERES Environmental Services y Xperts que totalizan unos $1.2 millones en fondos pagos con fondos federales. Entre estas también se encuentra Asplundh Tree Expert, que en un reportaje de la periodista Melissa Correa se indicó que tiene en su historial un caso federal por contratación ilegal de empleados indocumentados.