La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, no descartó que se continúen radicando cargos en el caso por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada a mediados de este mes durante una actividad de fin de verano en Aibonito.
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Las expresiones de la titular de Justicia se dieron luego de la radicación de cargos contra Elvia Cabrera Rivera de 40 años y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera de 17 años. Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas, bajo la modalidad de común y mutuo acuerdo, con una fianza de 1 millón de dólares a cada una.
Sin embargo, en entrevista con el programa Primera Pregunta (Telemundo), Gómez Torres no descartó la posibilidad de radicar cargos contra ambas imputadas u otras personas implicadas en el asesinato.
“Entrar en los hechos es entrar en los detalles del caso, de los cuales no puedo entrar en estos momentos, toda vez que la investigación todavía está abierta y posiblemente vamos a radicar más cargos”, expresó la secretaria.
Ante preguntas sobre contra quién se radicarían cargos, la secretaria respondió: “Podría ser contra ellas y contra otras personas”.
Del mismo modo, la secretaria indicó que aún se encuentran investigando al resto de los sospechosos que desde un principio se habían identificado. Esta aseguró que algunos están cooperando y otros podrían ser acusados.
Un proyecto social que quedó inconcluso
Hace más de una década, la comunidad de Aibonito —donde hoy se investiga el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario— fue escenario de un programa de intervención social dirigido por la entonces secretaria del Departamento de la Familia Idalia Colón. El proyecto, evaluado por el Recinto de Ciencias Médicas a través del Centro de Investigaciones Socio Médicas, logró en sus primeros años reducir la violencia, el maltrato de menores y la deserción escolar, según relató ayer la exfuncionaria en el programa Primera Pregunta.
La iniciativa contaba con equipos multidisciplinarios que incluían trabajadores sociales, psicólogos comunitarios, educadores en salud y líderes comunitarios, quienes trabajaban directamente con las familias y las escuelas. Sin embargo, según recordó Colón, el cambio de administración gubernamental frenó su continuidad, pese a los resultados positivos. “Se pierden millones y esfuerzos de seres humanos cuando no hay seguimiento a proyectos basados en evidencia. La prevención es mucho más económica que las consecuencias de la violencia”, advirtió
Gobernadora defiende proceso de investigación y radicación por parte del gobierno
Tras la radicación de cargos, la gobernadora Jenniffer González defendió el tiempo que tomó a las autoridades el proceso para la radicación de cargos en el caso, asegurando que “no se hicieron las cosas a la carrera”.
“El andamiaje del Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses fueron bien diligentes en hacer la investigación. No se hicieron las cosas a la carrera, se levantó evidencia”, expresó la gobernadora.
“Este caso consternó a todo Puerto Rico, no solamente a los aiboniteños. El día antes de su cumpleaños, Gabriela fue asesinada y las imputadas enfrentan cargos por asesinato en primer grado, uso de arma blanca en concierto y mutuo acuerdo. Esto es grave, no estamos hablando de ataques de súbita pendencia, sino de un acuerdo común. Los hechos provocan indignación colectiva y mi gobierno no va a permitir que estas cosas queden impunes”, añadió la gobernadora.
“Cada acto tendrá consecuencias y el proceso se llevará hasta las últimas consecuencias. Que la familia de Gabriela sepa que esto no se queda así, que habrá justicia. Esto fue Gabriela hoy, pero en el pasado, pudieron haber otras víctimas de delitos. Como gobierno tenemos que identificar a los responsables de esas muertes. Ya se radicaron cargos, el Tribunal declaró causa y nuestra misión es llevar este caso de la manera más responsable. El Departamento de Justicia y sus unidades tienen el respaldo de la oficina de ayuda a víctimas de delito, así como la oficina de compensación a víctimas, que continuará apoyando a la familia”, dijo González Colón en declaraciones escritas.
González Colón mencionó que, por el momento, el caso será atendido a nivel estatal.
“Este caso ocurrió la semana pasada y ya hoy se arrestó y se llevó al tribunal. En cuanto a si intervendrán las autoridades federales, en este momento el caso se queda a nivel estatal. El Departamento de Justicia tiene un grupo de fiscales asignados y se ha trabajado con Ciencias Forenses y la Policía. No descarto colaboraciones con el gobierno federal si fuera necesario, pero ya el Gobierno de Puerto Rico ha tomado acción concreta”, señaló.
La gobernadora resumió los servicios y las ayudas que se han brindado a familiares y víctimas del incidente.
“El gobierno activó a la oficina de servicios de salud mental para acudir a la escuela al inicio de clases. Ese trabajo continúa con psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales y orientadores. También la oficina de compensación a víctimas aportó fondos para los gastos fúnebres, y el municipio cubrió el resto. Además, se ofreció servicio psicológico al joven que resultó herido al defender a Gabriela, considerado un héroe. Ya aceptó el servicio y tuvo su primera sesión. También se ofreció apoyo a la madre de Gabriela, quedando a su decisión aceptarlo. Estos servicios se coordinan entre Justicia, Educación y otras agencias”, señaló la gobernadora.