La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en la legislatura radicó dos medidas tanto en la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico que buscan la terminación de los contratos de las empresas LUMA Energy y Genera PR, encargadas de la red eléctrica de la isla.
Los legisladores del PIP anunciaron el miércoles la radicación del Proyecto de la Cámara y el Proyecto del Senado 695, con el fin de enmendar la Ley 83 de 1941 y devolver el control público del sistema eléctrico, poniendo fin a los contratos de privatización.
“Ante el fracaso evidente y reiterado de la privatización, la única vía sensata es recobrar el control del sistema eléctrico, superando los males de la antigua operación de la AEE –como la politización y la falta de transparencia– y entendiendo el servicio de energía como un derecho humano”, afirmó la senadora María de Lourdes Santiago en declaraciones escritas.
El representante Denis Márquez añadió que la experiencia de los últimos años confirma los problemas de entregar un servicio esencial a la empresa privada.
“Los frecuentes apagones y el aumento sin precedentes en la factura de luz son un claro ejemplo del fracaso de LUMA, la privatización y la politización de nuestros servicios esenciales”, dijo Márquez al señalar que la energía debe estar bajo control público.
Según los legisladores, tras cuatro años de privatización, no se ha logrado resiliencia ante huracanes, los apagones continúan, no se cumplen los planes de mantenimiento y las tarifas siguen en aumento. Añadieron que extender el contrato de LUMA por 15 años supondría un costo social adicional de 792 millones de dólares, mientras que el proceso de reconstrucción con fondos federales avanza con lentitud.
El grupo compuesto por el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, el senador Adrián González Costa y las representantes Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, sostuvo que el nuevo marco legislativo busca reorganizar la AEE bajo principios de mérito y transparencia.
Estos coincidieron en que recuperar el control público es indispensable para garantizar un sistema eléctrico confiable, asequible y alineado con el interés del pueblo de Puerto Rico.