Víctor Ramos Otero, secretario del Departamento de Salud (DS), cuestionó la viabilidad del Hospital El Maestro luego de que la administración anunciara la cesantía de 62 empleados y una reducción a 18 camas, que describió como un “cierre disfrazado”.
Cualquier cambio al Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC), requerido para obtener la licencia, debe ser solicitada al DS antes de tomar decisiones que impacten directamente a los pacientes, según el Reglamento 9184, que regula la operación y licenciamiento de hospitales.
“No pueden mandar una carta y decirme ‘voy a hacer esto’ sin que el Departamento de Salud lo haya aprobado. […] Nos tienen que explicar cómo va a haber un hospital viable con 18 camas, cómo piensan que eso es un hospital viable y que no es un cierre disfrazado. Si lo que quieren es un cierre, lo tienen que notificar y no hacerlo de esta manera”, expuso el titular de Salud en una conferencia de prensa en Canóvanas.
El pediatra también denunció que la junta de directores del hospital se contradice en las proyecciones que le notifican al Departamento y las acciones que anuncian. Contó que la administración del centro hospitalario le indicó haber identificado dos administradores, uno que manejaría fondos de reconstrucción otorgados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y otro, la operación del hospital.
“Pero entonces no decidieron eso en su última reunión de junta de directores”, expuso.
“No vamos a tolerar que no nos digan la verdad. No tengo problema en que tengan retos económicos, en que me soliciten las cosas de manera correcta. Lo analizamos, les decimos si se puede o no”, continuó.
En otras instituciones, el Departamento, a través de su Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP), ha concedido cierres de horarios de operación, camas y salas de obstetricia, por lo que exhortó a la administración a seguir los protocolos establecidos por reglamentos oficiales para modificar los servicios del hospital.
Ya hay inspectores del DS radicados en el hospital para una investigación y obtener explicaciones de la administración del hospital en cuanto a la reducción de plantilla y camas. Estos rendirán un informe de hallazgos y recomendaciones que entregan al secretario para que tome las decisiones pertinentes.
Ramos Otero no quiso adelantarse a la inspección ni especular a la posible revocación de licencia por los hallazgos de los inspectores. El Reglamento 9184, sin embargo, detalla que el DS tiene potestad de multar hasta $5,000 a la institución por cada violación al Reglamento a la Ley de Facilidades de Salud (Ley 101 de 1965).
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.