Una víctima adolescente y un victimario de la tercera edad han conmovido el sistema de justicia del gobierno de Puerto Rico hasta sus cimientos. Desde posiciones diametralmente opuestas la joven y el sexagenario pusieron al descubierto la frustración del pueblo puertorriqueño con un sistema de justicia en el que nadie confía. Don Miguel, consciente de que el sistema le había fallado repetidamente a víctimas de violencia de género, ajustició a su yerno. Mientras que en el pueblo de Aibonito, el asesinato de una joven estudiante generaba amenazas de muerte contra las asesinas de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario. Se pedía justicia bajo amenazas de “linchamiento.”
Desde el día del vil asesinato, en la madrugada del lunes 11 de agosto, se desató una febril actividad por parte del cuerpo de policía y el Departamento de Justicia. El mismo jefe de la policía, Joseph González Falcón y la secretaria de Justicia, Licenciada Lourdes Gómez Torres, se aseguraron de aparecer siempre a la cabeza de la investigación. El martes 19 de agosto en la vista de acusación contra las presuntas asesinas, estuvo presente la plana mayor del sistema de justicia puertorriqueño. Luego, La licenciada Gómez Torres y el Jefe González Falcón, se embarcaron en un “media tour” reafirmando su control sobre el proceso y asegurando que “se hará justicia”.
Por qué este espectáculo mediático. Aunque este es un suceso desgraciado y muy triste, en las escuelas de Puerto Rico abundan las peleas y el bullying. Tampoco puede decirse que se marca un repunte particular en la “delincuencia juvenil” que comenzó a definirse como problema social de importancia en los años sesenta en Puerto Rico. Recuerdo que en ese entonces se implantó un “toque de queda” para menores. Recuerdo que a las nueve de la noche sonaba una sirena que en algunos municipios y áreas de densa población urbana indicaba que los menores debíamos estar en nuestras casas.
Tanto la “delincuencia juvenil”, como la violencia de los crímenes cometidos por jóvenes se han agudizado desde los años sesenta. Pero no es, como dijo un analista que ignora la historia, “a causa del reggaetón y el ‘maleanteo’”. Eso sería equivalente a decir que la violencia entre mujeres adolescentes se agudiza por el auge de mujeres boxeadoras (¡!). Ni la música urbana, ni las mujeres boxeadoras alientan o exacerban la violencia entre jóvenes.
Las causas del crimen y la violencia urbana se asocian con la desigualdad social—que no es lo mismo que la pobreza—la desorganización social, el quiebre de instituciones como la familia y la escuela, y, más importante aún, el uso y tráfico ilegal de estupefacientes. En Puerto Rico se puede identificar un “parte aguas” en la violencia criminal de la juventud: la drogadicción. El nivel de criminalidad y violencia de los crímenes está claramente relacionado con la irrupción en Puerto Rico del tráfico de drogas, que se propaga a partir de la guerra de Vietnam. Puede argumentarse que dicha guerra marcó a una generación con el uso de marihuana, heroína y otros estupefacientes traficados desde Asia inicialmente.
Las drogas no son causa de las fatalidades en el caso de Gabriela o de Don Miguel, pero sí lo son la quiebra institucional del sistema de justicia y del sistema de educación pública de Puerto Rico. La desigualdad, la corrupción, los problemas de un sistema de educación que estimula la deserción escolar, la desesperanza y la falta de oportunidades, encierran a los jóvenes en un ciclo de violencia institucional que se reproduce en comportamientos violentos.
Gabriela y Don Miguel, víctima y victimario, han develado el colapso de la justicia y de las instituciones de ley y orden en el país. Por eso se pide justicia a gritos y por eso el gobierno actúa con desesperación reclamando una funcionalidad que no tiene. A pesar del espectáculo mediático, Puerto Rico sigue siendo un estado fallido.