Los principales acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que poseen o aseguran casi el 90% de los bonos de ingresos de la corporación pública, formalizaron un nuevo frente común para rechazar el Plan de Ajuste propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Según una moción informativa radicada ayer 25 de agosto en el Tribunal Federal, el grupo de inversionistas representados por Paul Weiss —que incluye a BlackRock, Nuveen, Taconic, Franklin Advisers, Hudson Bay y Whitebox— terminó su acuerdo de reestructuración con la JSF y se unirá al Amended and Restated Cooperation Agreement, encabezado por GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty, Syncora Guarantee y National Public Finance Guarantee.
El grupo de BlackRock había firmado un acuerdo separado con la Junta. Sin embargo, tras el dictamen del Primer Circuito que confirmó la validez de sus garantías y la destitución de seis de los siete miembros de la JSF, los acreedores decidieron sumarse al bloque opositor.
2025-08-25 [ECF 5792] Joint Informative Motion RE Amended and Restated Co-Op Agreement by Metro Puerto Rico
El pacto entrará en vigor el 1 de octubre de 2025 y extiende la alianza de los bonistas hasta el 31 de agosto de 2026, consolidando el control de la mayoría absoluta de la deuda en manos de un bloque opositor al Plan vigente.
Lo que implica el nuevo bloque
Los bonistas acordaron oponerse al Plan de Ajuste actual y coordinarse para negociar alternativas bajo PROMESA. El acuerdo establece reglas de confidencialidad, limita la transferencia de bonos mientras dure la alianza y contempla honorarios de entre 2% y 4% del monto pactado como compensación adicional a los participantes.
La consolidación ocurre en un momento de gran incertidumbre: la JSF quedó con un solo miembro activo tras la destitución de seis integrantes por el presidente Donald Trump, y la jueza Laura Taylor Swain evalúa si los reclamos de los acreedores deben tratarse como gastos administrativos, lo que les daría prioridad de pago.
Presión sobre la JSF
El nuevo bloque acreedor fortalece el poder de negociación de los bonistas y complica los intentos de la JSF de lograr confirmación judicial para su Plan. Con casi 90% de los bonos bajo un mismo frente, la reestructuración de la deuda eléctrica —ya considerada el caso más complejo de Puerto Rico— encara un escenario aún más incierto.
En mayo pasado, la Junta sostuvo que los reclamos de un grupo de bonistas —a quienes describen como “fondos de cobertura que no representan a todos los acreedores”— se basan en exigir el pago total de la deuda de la AEE, una cifra que, incluyendo intereses, asciende a unos $12,000 millones. Para satisfacer esa demanda, advirtió la Junta, sería necesario imponer un cargo adicional en la tarifa eléctrica de aproximadamente 8 centavos por kilovatio-hora durante los próximos 50 años.
En su último plan fiscal, la Junta plantea que el pago a los bonistas viable es de $2,600 millones, pero que tendrían que salir fondos externos a la AEE, pues la tarifa eléctrica no aguanta un cargo fijo para este pago.