El anuncio de la cancelación del contrato de escaneo de carga en el Puerto de San Juan abre un nuevo frente de debate: ¿deberá el Gobierno pagar una tarifa millonaria de terminación anticipada?
El acuerdo original firmado en 2009 entre la Autoridad de los Puertos y la empresa Rapiscan Systems —cuyo costo superó los $168 millones— incluye una cláusula de terminación anticipada. Según el documento, si la Autoridad decidía poner fin al contrato antes de su vencimiento debía pagar al operador una tarifa calculada con base en los ingresos anuales generados por los servicios, multiplicados por un período que varía de 24 a 48 meses, dependiendo de cuántos años quedaran vigentes en la relación contractual.
Ese mecanismo, conocido como Early Termination Fee, funciona como una especie de compensación o indemnización al contratista por la cancelación unilateral. En la práctica, podría significar decenas de millones de dólares adicionales para la compañía, más allá de lo ya invertido en el proyecto.
La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el lunes la cancelación del contrato de Puertos —ahora con S2 Services— que desde 2009 ha recibido $168 millones por sus servicios de escaneo sin intervenciones o resultados mayores.
Un contrato bajo cuestionamientos
El Centro de Periodismo Investigativo reveló que el contrato habría vencido en septiembre de 2021, pero que el Gobierno continuó haciendo pagos posteriores sin que existiera un registro formal en la Contraloría. De confirmarse esa versión, la validez de la cláusula de penalidad quedaría en entredicho, ya que no habría un contrato vigente al momento de la cancelación.
Metro Puerto Rico consultó a la oficina de prensa de la Autoridad de los Puertos sobre si entienden que la cláusula de terminación anticipada aplica o si consideran que el contrato ya no estaba vigente. “En relación con este asunto, por el momento no estamos en posición de emitir comentarios, por el proceso que acaba de iniciar con el envío de la notificación”, fue la respuesta oficial.
Al cuestionamiento se suma la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Según la Sección 204(b)(2) de la Ley PROMESA, los contratos de alto impacto fiscal deben ser sometidos para aprobación antes de su ejecución. Esto significa que cualquier prórroga, extensión o aplicación de la tarifa de terminación pudo haber requerido aval de la JSF.
Por ahora, el Gobierno tiene 90 días para ejecutar la cancelación anunciada. La gran pregunta es si esa decisión acarreará una penalidad millonaria o si los desembolsos posteriores al 2021 carecen de validez y no corresponde pagar compensación alguna.