Las cárceles, en Puerto Rico, apenas rehabilitan. Están diseñadas bajo la visión punitiva histórica de los gobiernos del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista de castigar a quienes cometen delitos ante la incapacidad gubernamental de establecer políticas públicas de prevención, educación temprana y el desarrollo de destrezas sociales para una sana convivencia.
Recientemente, participé de una vista ocular en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón y escuché de primera mano los reclamos de las personas privadas de su libertad en dicho lugar.
¿Quién se rehabilita eficazmente en un confinamiento en el que los servicios sociales ofrecidos están plagados de deficiencias? ¿En un espacio sin actividades y líderes recreativos, ni materiales para la recreación y el deporte, por mencionar algunos ejemplos? ¿Con una infraestructura cuestionable debido a falta de mantenimiento, e incluso, módulos o celdas sin fuentes de agua potable o aire acondicionado?
La Constitución de Puerto Rico establece que el Estado habrá de “reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender […] al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.
Lamentablemente, lo que se establece en teoría no siempre corresponde a lo que se implementa en la práctica. Ni siquiera se garantizan derechos fundamentales como el derecho a la salud. A preguntas mías durante la vista ocular, surgió el dato alarmante de que el 90 % de las mujeres privadas de su libertad en dicho complejo tiene un diagnóstico de salud mental. ¿Cómo se maneja esta particularidad cuando, bajo el argumento de la crisis fiscal, se niegan incluso servicios quirúrgicos, tratamientos médicos o condiciones de vida digna?
Falta mucho camino para atender las necesidades de las personas privadas de su libertad con miras a fortalecer su rehabilitación y a garantizar su dignidad. No obstante, de algo estamos claras: bajo el enfoque simplista de la “mano dura” del bipartidismo, nada cambiará. Necesitamos un gobierno que comprenda que la raíz de la criminalidad se debe a múltiples factores, como la desigualdad social, y, acorde con ello, emprenda una transformación social, política y económica que atienda, no solo las necesidades de las personas privadas de su libertad, sino las del resto de la población.