La discusión sobre el futuro del impuesto al inventario reunió a sectores económicos y gubernamentales que presentaron sus posturas ante la Legislatura. La Federación de Alcaldes y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) advirtieron que el tributo representaba cientos de millones de dólares anuales para los municipios y que su reducción impactaría directamente los recaudos.
La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 433, que enmendaría el Código Municipal con el propósito de congelar, durante los años fiscales 2024 al 2028, la responsabilidad contributiva sobre inventarios de los comerciantes. La medida propone que el cálculo se base en un promedio de valoración y en la tasa vigente para el año fiscal 2024-2025, con disposiciones especiales para negocios nuevos.
No obstante, tanto el CRIM como la Federación de Alcaldes favorecieron el proyecto con ajustes y compensaciones para proteger las finanzas locales.
El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, sostuvo que el impuesto resultaba vital para los ayuntamientos.
Destacó que solo en el año fiscal 2025 el impuesto al inventario generará $318.7 millones y que más de 100,000 contribuyentes radican planillas de propiedad mueble, aunque apenas 534 aportan el 80% del recaudo. En ese contexto, propusieron un nuevo mecanismo contributivo basado en el costo de lo vendido o en tasas reducidas, que brinde certeza tanto a empresarios como a los municipios. También recomendaron asignar fondos estatales para cubrir la implantación de la medida, considerando recursos como los $66 millones del Fondo de Consolidación Municipal o partidas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
“Como es de conocimiento, el impuesto al inventario genera ingresos fiscales a los municipios para proveer servicios básicos y esenciales, financiar proyectos de obra y aportar al pago del servicio a la deuda estatal y municipal. Por tal razón, estamos a favor del Proyecto del Senado 433, ya que es parte programática de la presente Administración del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a los alcaldes Federados”, expresó.
La senadora Migdalia Padilla Alvelo advirtió sobre el impacto de un cambio inmediato en los recaudos municipales.
“El congelamiento del impuesto al inventario hay que tomarlo un día a la vez porque aquí siempre se ha dicho que los municipios son quienes brindan la primera mano de ayuda a los ciudadanos… Aquí se están afectando todos, esto no es algo bonito para la isla, pero hay que poner un detente”, afirmó.
El director ejecutivo del CRIM, Reinaldo J. Paniagua Látimer, coincidió en que el impuesto afectaba tanto a comercios como a individuos.
Paniagua Látimer, advirtió que la exención de medicamentos recetados impactará particularmente a farmacias y droguerías, con una reducción estimada de $21 millones anuales. Ante este panorama, recomendó que la pieza legislativa establezca un periodo transitorio de tres años en el que la contribución se calcule sobre la valoración de inventario reportada en las planillas del año económico 2024, aplicable desde el año fiscal 2025-2026.
Asimismo, planteó que a los nuevos comerciantes se les aplique el sistema vigente y que aquellos con disminución en sus niveles de inventario puedan optar por tributar bajo la norma actual.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Puerto Rico reclamó una política pública más clara que el mero congelamiento de las tasas. Su presidenta, Margaret Ramírez Báez, afirmó que “la eliminación del impuesto al inventario debe convertirse en una política pública clara y definitiva, y no limitarse a congelar tasas por un periodo de tiempo”. La entidad propuso una eliminación escalonada del tributo hasta el año 2031.
Otros sectores, como la Asociación de Bancos, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), también se expresaron a favor de eliminar el impuesto y presentaron alternativas para sustituirlo. En tanto, la Asociación de Alcaldes solicitó garantías de sostenibilidad fiscal para asegurar la continuidad de los servicios municipales.