Luego que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla Rivera, presentó el informe presupuestario para implementar el plebiscito, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González, aseguró que el informe de costos no llegó a sus mesas. Asimismo, los de comisionados electorales de los otros partidos afirman que esperan la decisión del Tribunal ante la demanda del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sobre la orden ejecutiva del gobernador y la consulta de status.
Sobre el informe de costos, Angleró González, indicó a Metro que los comisionados electorales supieron del informe “por la prensa”.
“Estos son asuntos electorales y, cabe señalar, que en asuntos electorales somos los comisionados electorales los que tenemos jurisdicción primaria. Así que por nuestra mesa no pasó el presupuesto y tampoco pasó el supuesto borrador de la papeleta que también se envió”, informó, agregando que recibieron por correo electrónico el documento en la mañana del pasado sábado.
Asimismo, agregó que la figura de de la presidenta decide si “no hay un acuerdo” entre los comisionados electorales. No obstante, subrayó que no “pueden obviar los procesos”.
Por su parte, el comisionado electoral del PIP, Roberto Aponte Berríos, afirmó que el partido “condena el proceso y, sobretodo, el despilfarro de millones de dólares”.
“[El plebiscito] es un ejercicio que podría ser una encuesta, en una estación de radio. No tiene ninguna consecuencia, donde contaba —que es en el Congreso de los Estados Unidos— ahí fue derrotado este proyecto de Jenniffer González y Pierluisi”, sostuvo.
El comisionado electoral de Proyecto Dignidad (PD), Juan Frontera Suau, aseveró que el Tribunal Supremo ofreció 15 días al PIP para presentar sus argumentos y 15 días para el resto de las partes.
“Eso básicamente nos va a llevar a mediados de agosto, un poco más allá […] Yo entiendo que el asunto más neurálgico que se tiene que discutir y que no se puede despachar con los cuatro millones que están en reserva es el asunto del presupuesto para ese plebiscito, porque hay unos asuntos de descumplimiento, no tan solo con la ley, con la Constitución, sino descumplimiento con el Plan Fiscal, que no se resuelve tan fácil con decir: ‘tengo cuatro millones en reserva que lo puedo usar para lo que yo quiera’”, indicó.
Y, en cuanto a la postura del partido, Frontera Suau aseveró que no harán un boicot, mas consideran que el plebiscito no es “verdaderamente vinculante con las elecciones”.
Por otro lado, la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, dijo que el partido continúa el llamado que el gobernador reevalúe la decisión de llevar a cabo una consulta de status.
“Nosotros acabamos de salir de unas primarias que fueron desastrosas, que no abonaron para nada en el proceso de confianza del país. Y, ahora entonces queremos complicarlo y poniéndole una carga mayor a la Comisión Estatal de Elecciones —que apenas está tratando de llevar a cabo un proceso 5 de noviembre— que requiere mucha atención, muchos recursos para poder darle al país esta confianza en el proceso que necesita. Es una carga mucho más onerosa e innecesaria en estos momentos”, planteó.