El proceso de liquidación de Bancrédito International Bank & Trust, ya marcado por litigios y controversias, sumó esta semana un nuevo capítulo judicial. Bancrédito Holding Corporation (BHC), empresa matriz y accionista único de la entidad, presentó una demanda en Miami contra los bufetes McConnell Valdés, Holland & Knight y McDermott Will & Schulze, en la que alegan que estas firmas cometieron mala práctica legal al asesorar al banco en sus negociaciones con la Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro federal (FinCEN).
La querella sostiene que los abogados recomendaron firmar en septiembre de 2023 un acuerdo de consentimiento (Consent Order) que impuso una sanción de $15 millones y obligó al banco a admitir violaciones “intencionales” a la Ley de Secreto Bancario (BSA). BHC asegura que esas admisiones eran falsas o exageradas, y que incluso los mismos bufetes habían certificado en años previos que los programas contra el lavado de dinero del banco cumplían con la normativa.
231474606 Complaint (1) by Metro Puerto Rico
El reclamo añade que, de haberse defendido con la información disponible, el banco pudo haber evitado tanto la multa como el daño reputacional que provocó. “Los abogados abandonaron la estrategia previa, ignoraron defensas válidas y llevaron al banco a aceptar hechos erróneos”, alega la demanda, que busca recuperar los $15 millones más otros daños y costos legales.
Contraste con la versión de Puerto Rico
El pleito resalta que, bajo la supervisión de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en Puerto Rico, Bancrédito solo había enfrentado un memorando de entendimiento en 2021 y una multa administrativa de $97,000, luego de una revisión que concluyó que apenas 32 transacciones requerían informes de actividad sospechosa, frente a las “cientos” que FinCEN le atribuyó.
La nueva demanda se suma a una serie de pleitos que mantiene en suspenso la liquidación de Bancrédito. Recientemente El Nuevo Día publicó que, aunque los 107 depositantes ya recibieron el dinero que tenían en la entidad, aún falta el pago de $2.7 millones a familiares de Julio Herrera Velutini —propietario del banco— y la propia multa de $15 millones impuesta por FinCEN. La comisionada designada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, fue citada planteando que el principal obstáculo es la estrategia legal del banquero venezolano, quien ha presentado al menos 14 demandas en distintos foros.
La nueva acción legal ocurre después de que Herrera Velutini se declarara culpable en agosto por violaciones a la ley federal de financiamiento electoral, tras reconocer que realizó donativos ilegales a la campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.