La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) respondió hoy a denuncias de grupos ambientales que acusan a la organización de promover cambios para debilitar la protección del Corredor Ecológico del Noreste (CEN).
El presidente de la ACPR, Agustín Rojo Montilla, aseguró que algunos comentarios difundidos en foros de opinión han sido “sacados de contexto” y aclaró que el gremio no ha sostenido conversaciones con la Legislatura sobre posibles enmiendas a la Ley 8-2013, que protege el CEN.
“El desarrollo planificado que defendemos busca siempre la armonía entre la obra y la naturaleza. Las sociedades más avanzadas del mundo han demostrado que el crecimiento económico y la protección ambiental pueden ir de la mano, y aspiramos a replicar ese balance en Puerto Rico”, indicó Rojo Montilla en declaraciones escritas.
Las expresiones de la ACPR surgen luego de que la directora del Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, denunciara que la propuesta del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, de revisar la Ley 8-2013 representaría un intento de “desmantelar” la protección ambiental del corredor.
Según Rojo Montilla, las declaraciones de Méndez en la convención de la ACPR deben entenderse como “una invitación a revisar la manera restrictiva en que se han aplicado ciertas leyes, al punto de limitar reparaciones en estructuras existentes previas a la creación del Corredor”.
El líder de los constructores insistió en que la discusión pública debe darse con base en evidencia y sin “narrativas emocionales o ideológicas”. Subrayó que las políticas restrictivas en el sector de la construcción han generado altos costos de vivienda, deficiencias de planificación y estructuras abandonadas.
“Muchas veces se asumen posturas extremas que, en nombre de la protección ambiental, frenan el desarrollo responsable sin mejorar necesariamente nuestro entorno. Lo que planteamos es que cada proyecto se evalúe en sus méritos”, añadió.
Llamado a un diálogo balanceado
La ACPR recalcó que el desarrollo planificado puede ser un aliado de la conservación, al contrarrestar la construcción informal que surge cuando se limita la producción formal.
“El desarrollo planificado no está reñido con la protección ambiental; al contrario, constituye una alternativa mucho más amigable para el ambiente que la construcción informal. Nuestro compromiso es con un Puerto Rico que logre atender sus necesidades de vivienda e infraestructura de manera sostenible y responsable”, concluyó Rojo Montilla.