Del CPI
Sin presupuesto para operar, con tres vacantes tras la renuncia de la mitad de sus integrantes científicos y sin una sola reunión en nueve meses, el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) creado por ley tiene las manos atadas, mientras se supone que ofrezca talleres educativos, apoye iniciativas ambientales, colabore con municipios y establezca estrategias de resiliencia, además de vigilar la implementación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMEACC).
En entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), dos de sus tres miembros permanentes, Rafael Méndez Tejeda y Carl-Axel Soderberg, denunciaron que el Comité está prácticamente inoperante desde que empezó el Gobierno en el nuevo año, debido a la falta de quórum y a las ausencias o cancelaciones, particularmente de su presidente y jefe del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez. El funcionario canceló una reunión que convocó, y a otra, no se presentó.
El Comité se creó mediante la Ley 33 de 2019, que establece que cualquier decisión debe ser tomada por la mayoría durante una reunión en la que estén presentes cinco de sus nueve integrantes. Ahora mismo en el Comité quedan como miembros permanentes Ada Monzón, Méndez Tejeda, Soderberg y como miembros ex officio, por el cargo que ostentan, el Secretario del DRNA, la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.
“Nosotros hemos pedido varias reuniones con el Secretario de Recursos Naturales y no nos hemos podido reunir”, lamentó Méndez Tejeda. “Él ni siquiera conoce a los miembros del Comité porque no se ha presentado nunca”, indicó el también catedrático del Departamento de Ciencias Naturales de la UPR en Carolina.
El oficial de prensa del DRNA, Raúl Colón, indicó que el personal de la agencia ha interactuado con los miembros del Comité. Sin embargo, no respondió si el secretario ha convocado o se ha comunicado con los miembros del Comité.
De acuerdo con la Ley 33 de 2019, la Gobernadora está obligada a llenar las tres vacantes científicas del CEACC. Sus nombramientos tienen que contar con el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes y el Senado.
La oficial de prensa de La Fortaleza, Mareli Padró Raldiris, no precisó cuándo se nombrará a los nuevos integrantes del Comité.
“La Gobernadora está evaluando todas las juntas y comités incluyendo el de Cambio Climático”, se limitó a decir.
Sin dinero para operar
A la falta de quórum por las renuncias recientes y el problema de ausentismo de los jefes de agencia se suma la falta de presupuesto del Comité. El oficial de prensa del DRNA reconoció a preguntas del CPI que el Comité no tiene ni un dólar asignado.
En el pasado año fiscal, que terminó el 30 de junio, el presupuesto del Comité fue de $809 mil.
La Ley 33 obliga a la Oficina de Gerencia de Presupuesto (OGP) asignarle al CEACC el presupuesto necesario para su funcionamiento por medio del DRNA, que es su agente fiscal. OGP dijo en una ponencia ante el Senado que es deber de las dependencias gubernamentales solicitar las asignaciones de dinero para sus iniciativas y que no había ninguna solicitud del DRNA para el Comité.
El DRNA alegó en su ponencia que no solicitó fondos para el Comité porque la Ley 33 no establece una cuantía mínima. “No se estableció una cuantía mínima a ser asignada a pesar de los amplios deberes y responsabilidades que le fueron asignados”, expresó la agencia.
“Cada vez que nos llaman para una situación para la que hemos tenido que responder y hemos tenido que llamar a los técnicos, hemos estado ahí”, aseguró Pérez Tejeda. “A ese personal se le paga [por servicios profesionales], pero en estos momentos no hay fondos para pagarles”.
En el aire presupuesto fijo para el Comité
Álvarez Conde indicó al CPI que desconoce por qué el proyecto fue devuelto por la Comisión de Reglas y Calendario, la cual preside Rivera Schatz, a la de Turismo y Recursos Naturales. La senadora tampoco conoce cuándo bajará a votación, aunque esta semana, de acuerdo con el Sistema Único de Trámites Legislativos, fue remitido de vuelta a Reglas y Calendario.
“Depende de Thomas Rivera Shatz para bajarlo [a votación]”, indicó Álvarez Conde.
La oceanógrafa Maritza Barreto Orta, que fue miembro del Comité original, reconoció lo complejo que fue ir de una agencia a otra en búsqueda de los fondos para la elaboración del Plan contra el cambio climático. Dijo que el Comité, incluso, se reunió con la Junta de Control Fiscal para identificar los fondos necesarios para operar.
“Fue un error ponernos debajo de Recursos Naturales porque administrativamente fue complejo”, opinó Barreto Orta. “Cuando tú vas al nivel de cómo se trabajan las finanzas, era bien cuesta arriba”.
Legislatura intenta desentenderse
El año pasado organizaciones ambientales presionaron a la Asamblea Legislativa para que atendieran el documento, que incluye iniciativas para enfrentar las manifestaciones de la crisis climática en Puerto Rico. El pasado liderato del Senado bajo el Partido Popular Democrático (PPD) con José Luis Dalmau como presidente no atendió el plan. En aquel momento, Dalmau dijo que no tenía tiempo para leer el documento antes de que acabara la Sesión Legislativa porque era extenso y aseguró que la Legislatura tenía hasta junio de 2025 para su aprobación final, por lo que recayó sobre la actual Asamblea Legislativa controlada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) corriendo la misma suerte.
En respuesta a la demanda presentada por El Puente, la Legislatura pidió la desestimación de la demanda. Alegó que han hecho gestiones con relación al Plan, que El Puente carece de legitimación activa para obligarlos a actuar y que el Poder Judicial no puede interferir en cuestiones políticas de las otras ramas de Gobierno. El Puente presentó una moción el lunes en oposición a la desestimación.
A principios de febrero de este año, la senadora Marissa Jiménez Santori, entonces recién estrenada presidenta de la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, había dicho al CPI que aún estaba contratando a asesores y en proceso de nombrar al resto de los senadores que serían parte de la Comisión. Aseguró entonces que atender el Plan sería su prioridad, y que “la Gobernadora está consciente y sabe, desde que era Comisionada Residente, de la situación del cambio climático, de la preocupación y la problemática que tenemos con la erosión costera alrededor de todo Puerto Rico”.
Ante las denuncias de los integrantes del Comité, Jiménez Santori dijo al CPI que espera que el plan se apruebe en o antes de noviembre. Indicó que el Senado contempla enmendar el documento para que su enfoque sea más en adaptación que en mitigación. La mitigación se enfoca en reducir las causas de la crisis climática, como las emisiones de gases de efecto invernadero, a través, por ejemplo, del uso de energías renovables. Mientras que la adaptación busca gestionar y reducir las consecuencias de los efectos ya existentes, como la construcción de infraestructuras adaptadas al aumento del nivel del mar, la siembra de cultivos más resistentes o la elaboración de mejores planes de respuesta a desastres.
Jiménez Santori dijo que buscan reconsiderar las medidas de relocalización de comunidades ante las implicaciones sociales para sus residentes.
“Esperamos poder presentarlo antes de que culmine esta sesión”, aseguró la también presidenta de la Comisión Conjunta de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales.
La licenciada Corally Rosado Rivera fue designada directora ejecutiva de la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. Entre los miembros de la Comisión Conjunta se encuentran Lisie Burgos, Adriana Guiterrez, María de Lourdes Santiago y Ada Álvarez Conde. La Comisión Conjunta está compuesta por 14 representantes y senadores, nombrados por los presidentes de ambos cuerpos legislativos.
Muerta la medida que evitaría limbo actual
El representante Denis Márquez Lebrón presentó una medida el pasado cuatrienio la cual, de haberse implementado, dijo, habría evitado el actual tranque del CEACC.
El proyecto de ley obligaba a que el presidente del Comité fuese un científico, no un representante del Poder Ejecutivo, como ocurre actualmente.
De acuerdo con Márquez, la medida se rechazó por la falta de interés en el medioambiente y en el Comité por parte de la pasada Asamblea Legislativa. La medida fue presentada a instancias del propio CEACC, destacó Márquez.
“Si el presidente [del Comité] fuera un miembro permanente, estoy convencido de que se convocarían las reuniones y se evitarían renuncias”, indicó Márquez.
El investigador ambiental Pablo Méndez Lázaro, exmiembro del Comité coincidió en la importancia de que el presidente del Comité sea un miembro científico.
“Cada vez que había un cambio político o administrativo, el Comité se descabezaba”, comentó.