Ocho años después del huracán María, que devastó a Puerto Rico en 2017, la reconstrucción del sistema eléctrico continúa siendo más una promesa que una realidad.
Aunque desde entonces se habló de la oportunidad para rehacer la red más fuerte y moderna, la infraestructura sigue mostrando vulnerabilidades y los avances se perciben lentos.
A comienzos de 2025, la gobernadora Jenniffer González Colón intentó acelerar el proceso con órdenes ejecutivas. Primero, creó el Comité de Trabajo para la Transformación Energética y luego firmó la OE-2025-003 para agilizar permisos de proyectos críticos. Con la OE-2025-005 estableció la Oficina del Zar de Energía, adscrita a La Fortaleza, y designó al ingeniero Josué Colón para dirigirla, además de su rol al frente de la Autoridad de Alianzas Público Privadas. Posteriormente, la OE-2025-006 amplió el estado de emergencia energética y alineó las prioridades locales con la Declaración de Emergencia Energética Nacional.
Desde el ámbito federal, el Departamento de Energía de Estados Unidos emitió, en mayo de 2025, órdenes de emergencia que permitieron a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) operar unidades específicas y realizar trabajos de control de vegetación. En agosto, esas autorizaciones se extendieron, al reconocer que el sistema no estaba en condiciones de garantizar un servicio confiable.
Fondos en movimiento, pero sin resultados palpables
Pese a ese marco de acción, la percepción pública es que la reconstrucción no arranca. Colón admitió que nadie está satisfecho con el desempeño de LUMA Energy, pero defendió que los fondos no estuvieron disponibles desde un inicio, lo que provocó retrasos. Según la oficina del zar, LUMA tiene comprometido un 73 % de los fondos, equivalente a $10.9 millones, y maneja 495 proyectos en distintas etapas.
Entre 2021 y 2024, LUMA contó con $2.3 mil millones obligados, pero solo logró reembolsar $249 millones. Para septiembre de 2025, los desembolsos ascendieron a $347 millones. Genera PR, por su parte, tiene $2 mil millones de fondos obligados y ha desembolsado $487 millones, cifra que representa un incremento significativo respecto a años anteriores.
“Entendemos que el desempeño no ha sido el que se esperaba y por eso la fiscalización que estamos realizando […] Para que se vea la diferencia que hace la fiscalización, a pesar de que no estamos satisfechos”, expresó el zar.
Este detalló que, además de que los fondos de reconstrucción se hicieron “verdaderamente disponibles” en 2021, también se aprobó el Working Capital Advance (WCA) a principios de 2022, lo que adelantó el 25 % de los fondos obligados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Explicó que se continúa usando el mecanismo para adelantar proyectos.
“Eso ha sido una herramienta que ha servido para poder desarrollar los proyectos tanto a nivel municipal como por agencia. Uno de los inconvenientes que existían es que FEMA trabaja a base de reembolsos. O sea, uno tiene que gastar sus propios recursos, realizar el trabajo y luego reclamar el reembolso por el trabajo realizado a FEMA. La mayoría de los municipios y las agencias no cuentan con los fondos propios para poder desarrollar esos proyectos. […] Eso es lo que hace más complejo el proceso de reconstrucción. Ha sido una herramienta de gran ayuda para poder adelantar los proyectos porque, una vez se aprobó esa iniciativa , los proyectos que están bajo la AEE, LUMA y Genera se han podido desarrollar”, especificó Colón.
“Genera ha logrado obligar el 97 % de fondos para la reconstrucción. Es una diferencia sustancial a los números de LUMA. […] Pero también es cierto decir que gran parte de todos esos proyectos, ellos los recibieron heredados de PREPA (la AEE), que ya los había obligado”, concluyó el zar.
Por su parte, la analista del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA, por sus siglas en inglés), Cathy Kunkel, destacó la vulnerabilidad del sistema eléctrico. Explicó que el proceso de reconstrucción ha sido lento y más complejo de lo que se esperaba, lo que ha dejado a la isla en una situación más frágil que antes del desastre.
Según esta, la infraestructura actual se encuentra en peores condiciones físicas que en 2017. “Sigue siendo muy vulnerable a un posible futuro evento”, afirmó.
Kunkel también cuestionó la estrategia del gobierno en materia de política energética. Señaló que el plan actual sigue apostando por mantener un sistema centralizado y dependiente del gas natural, lo que, en su opinión, contradice la necesidad de diversificación y resiliencia. Sostuvo que insistir en un modelo basado en grandes plantas de generación y en largas líneas de transmisión repite errores del pasado.
“El gobierno actual tiene un plan que es muy enfocado en construir nuevas plantas de gas natural y mantenernos con un sistema eléctrico centralizado. En mi juicio, eso es un error porque mantiene a Puerto Rico amarrado a ese sistema centralizado, que depende mucho de las líneas de transmisión a larga distancia, que fuera precisamente lo que se tumbó durante el huracán”, precisó.
A su juicio, la alternativa debería ser impulsar la generación distribuida y el desarrollo de energías renovables, con el fin de reducir la dependencia de la importación de combustibles fósiles y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades.
Comité de Transformación sin reunirse
El abogado y miembro del Comité de Trabajo para la Transformación Energética, Ramón Luis Nieves, reveló que el organismo no se reúne desde abril. Recordó que, en encuentros previos, se discutió incluso la posibilidad de sustituir a LUMA como operador de transmisión y distribución.
“(Fueron) reuniones buenas, de muchas sustancias, mucha discusión. La gobernadora percibió todas las reuniones. Básicamente, el Comité de Trabajo para la Transformación Energética se convoca cuando la gobernadora lo convoque”, señaló.
Nieves mencionó que, en la más reciente reunión, se abordaron directamente los problemas de acceso a los fondos federales y la lentitud de los procesos.
“Lo último que se estuvo discutiendo fue precisamente el proceso que ya estaba corriendo para obtener la generación temporera […] Se empezó a discutir, en ese entonces, el estatus de los tranques, de los fondos, de los recursos de fondos, las actividades de LUMA, o la falta de ellas, para llegar a los fondos de reconstrucción. El tema de cómo iban los procesos para reclamar estos fondos de reconstrucción, que creo que es de las controversias principales”, relató.
A pesar de los esfuerzos, Nieves cuestionó la efectividad de los procesos de reconstrucción a ocho años del huracán María. Explicó que, pese a que existían fondos millonarios disponibles, la ejecución ha sido deficiente tanto del gobierno estatal como del federal.
Destacó que el retraso en utilizar los recursos ha tenido un efecto negativo en los costos de los proyectos.
“Creo que, trágicamente, el gobierno estatal y el federal no han logrado cumplir con la promesa de utilizar los fondos”, afirmó Nieves.
Este también señaló que la inestabilidad en la política pública ha representado un obstáculo adicional para lograr avances. Recordó que, en estos años, se han tomado decisiones de gran impacto, como la privatización de la AEE. A esto sumó la incertidumbre alrededor de la quiebra de la corporación pública, que continúa sin resolverse.
Metro Puerto Rico hizo un esfuerzo por comunicarse con otros miembros del comité, pero ninguno estuvo disponible.