Las autoridades federales arrestaron el jueves, 18 de septiembre de 2025, a un hombre, identificado como Carlos Manuel Collazo Pérez, de 75 años y residente en Toa Baja, por cargos criminales relacionados con explotación infantil, informó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
“El Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal y nuestros socios de ley y orden investigarán y procesarán agresivamente a aquellos criminales que buscan explotar y dañar a los niños”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.
“En los pasados treinta días, HSI ha arrestado a cuatro individuos por cargos de explotación infantil. Esta es una cifra alarmante; este individuo tenía una extensa colección de material de abuso sexual infantil que resulta espantoso. Los depredadores de niños no tienen límite de edad ni un perfil definido; este hombre de 75 años se escondió tras la confianza de su comunidad mientras acumulaba esa colección. Delitos como estos causan daño permanente, no solo a las víctimas, sino también a los corazones de nuestros vecindarios. Su edad dio a la comunidad una falsa sensación de seguridad. Nunca permitiremos que la edad, el estatus o las circunstancias protejan a los depredadores de la rendición de cuentas. Nuestra misión es clara: proteger a los niños y llevar a todo ofensor ante la justicia”, dijo Rebecca González Ramos, jefa de la oficina de HSI en San Juan.
Según documentos judiciales, el 15 de septiembre de 2024, Collazo Pérez intentó emplear, persuadir, inducir y coaccionar a una menor, de seis años, para que participara en conducta sexual explícita con el fin de producir material de explotación infantil.
Además, entre marzo de 2021 y agosto de 2025, el acusado transportó imágenes de menores en actos sexuales explícitos por internet y poseía videos e imágenes digitales con este tipo de contenido en su computadora portátil, teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
Collazo Pérez enfrenta un cargo por intento de explotación sexual de menores, un cargo por transporte de material de explotación infantil y un cargo por posesión de dicho material. De ser hallado culpable, se expone a sentencias que incluyen un mínimo de 15 años de cárcel y hasta cadena perpetua en libertad supervisada, de acuerdo con las guías de sentencia federales.
El caso es procesado por la fiscal auxiliar Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Crímenes contra Menores, Tráfico Humano e Inmigración, mientras que la investigación está a cargo de la Fuerza de Tarea de Crímenes contra Menores, dirigida por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Las autoridades reiteraron que todo acusado es considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal de justicia.