Según el Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud en Puerto Rico 2023, que prepara el Instituto del Desarrollo de la Juventud con datos de los últimos diez años, nuestro país sigue sin progresar en cuanto a las condiciones de vida que afectan a la niñez y la juventud, con una calificación de “D”. Esto sitúa al archipiélago en el puesto número 31 cuando se compara con las 51 jurisdicciones de Estados Unidos evaluadas en el índice. Esto se traduce en cerca de 300,000 niños, niñas y jóvenes en condiciones de pobreza, según lo define la Oficina de Administración y Presupuesto federal (OMB). Claramente, estas estadísticas confirman la vulnerabilidad de dicha población, perpetuada por un sinnúmero de violencias sistémicas, que incluyen la falta de acceso a servicios de salud de calidad, espacios recreativos en pésimo estado, y recortes presupuestarios al sistema de la Universidad de Puerto Rico (la universidad pública), con un desequilibrio en puestos gerenciales altos, mientras que las facultades casi no cuentan con personal de apoyo. Similarmente, en el Departamento de Educación, algunas personas devengan salarios exorbitantes para el personal de confianza sin que ello conlleve consecuencias positivas en las aulas de clase (salvo el golpe a nuestros fondos públicos).
Tampoco es un secreto que las cifras de asesinatos en el país —en gran parte, muertes que involucran jóvenes— resultan alarmantes. Según datos de la Policía de Puerto Rico, marzo de 2024 culminó con 140 asesinatos, de los cuales 33 eran personas entre las edades de 16 y 29 años. Dentro de esos números, la mayoría son jóvenes que viven en condiciones de pobreza y en comunidades marginalizadas con acceso limitado a recursos de todo tipo. Hay que añadir a esto los juicios valorativos que existen en torno a la adolescencia y la juventud, prejuicios que parten, en gran medida, desde visiones adultocentristas.
Diversas organizaciones comunitarias del país fomentan la inclusión de jóvenes y adolescentes. En hechos recientes, por ejemplo, la Junta Comunitaria del Casco de Río Piedras —organización que aglutina a representantes de residentes, comerciantes, estudiantes y el sector religioso de las ocho comunidades aledañas— añadió a su reglamento incluir a dos jóvenes con voz y voto en la corporación. Por su parte, el grupo LIJAC del Caño Martín Peña tiene representación en la organización del G8, con quienes participan de todas las iniciativas y asumen liderazgo desde hace varios años. En ambos casos, esto supone una ruptura a la visión tradicional del adultocentrismo en espacios democráticos. En esa misma línea, en las comunidades de Salinas, la juventud es parte de los grupos que alzan su voz para visibilizar las nefastas implicaciones del proyecto de placas solares en su zona. También, coordinan la Casa Comunitaria de Medios, proyecto que visibiliza las historias de sus barrios. Como estos, existen otros esfuerzos que reconocen las aportaciones del liderazgo juvenil en sus entornos.
¿Y el Estado fomenta la participación real de las y los jóvenes en los procesos de creación, implementación y desarrollo de los servicios y sus políticas? Una de las recomendaciones del trabajo juvenil dentro del marco de los Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se centra el incorporar las perspectivas de esta población, y en particular de los grupos marginados, en todas las políticas y los programas realizados en los distintos niveles y por todos los departamentos gubernamentales. El fin es garantizar la aplicación eficaz del Programa de Acción Mundial y evitar que alguien se quede atrás.
Estas acciones que fomentan la inclusividad me llevan a pensar en un recuerdo no muy lejano: cuando grupos de adolescentes de las escuelas públicas denunciaron creativamente las condiciones de los planteles escolares través de la red social TikTok. El Departamento de Educación invalidó e invisibilizó esta estrategia en varias ocasiones, contrario a lo que se fomenta en muchos de los grupos comunitarios o lo que se espera que sean las políticas públicas. Pareciera que no es suficiente dejarles un país precario con una crisis de vivienda, desplazamiento y un modelo de “desarrollo” económico que beneficia al capital extranjero e impulsa vender el país en pedazos. ¿Qué país le heredamos a la juventud? ¿El país que permite construcciones ilegales y proyectos nefastos para las comunidades y fincas con potencial agroecológico? ¿Son estas las condiciones idóneas para el desarrollo integral de esta juventud?
No es suficiente invitar a la juventud cada cuatrienio a presenciar y hacer preguntas en los debates de las candidaturas. Es necesario generar espacios de inclusividad que promuevan el desarrollo del liderazgo de esta población, garantizar los servicios, e incluirles en las conversaciones donde se hable desde sus necesidades, intereses y preocupaciones.
Esta es la séptima columna de la serie Adolescentiens: identidades sentipensantes.
Otras columnas de la serie:
- Bien estar para estar bien: una vida saludable desde la adolescencia
- Educar en la adolescencia desde lo socioemocional
- La doble vara de la adultez sobre la adolescencia
- Alerta roja: la quemazón en los adolescentes
- Las redes sociales y su influencia en los adolescentes
- Reconceptualizando la adolescencia