La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley que prohíbe los baños inclusivos en las dependencias gubernamentales de la isla.
El Proyecto de la Cámara 165 recibió el visto bueno luego que a mediados de mes fuera aprobado a viva voz pero luego retirado del calendario final de votación.
La gobernadora Jenniffer González ha dicho que firmará el proyecto cuando llegue a sus manos. La medida pasa ahora al Senado.
Ataque a la comunidad trans, intersex y no binaria
El presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, repudió la aprobación del proyecto.
“El Proyecto de la Cámara 165 es un ataque a la comunidad trans, intersex y no binaria al no permitirle acceso a un servicio básico para cada ser humano que es poder ir a un baño sin temor a ser prejuiciado. Se les obliga a ir a un baño contrario a su identidad de género y eso viola su dignidad como seres humanos”, sostuvo Serrano.
Este añadió que la exposición de motivos de la pieza legislativa “es un ataque injusto hacia dichas comunidades y el texto de la medida mantiene las definiciones rígidas de sexo biológico, violando su intimidad”.
Sostuvo que aunque algunas de las enmiendas presentadas parecían encaminadas a atender esas preocupaciones, las mismas no son suficientes.
“No hay garantías para que las personas trans, intersex y no binarias tengan acceso a los baños familiares o asistidos. Esto debido a que no se asignan fondos para que dichos baños familiares sean construídos o habilitados. Todo se queda en una medida aspiracional”, afirmó.
UPR cede a presión federal
Esta semana, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPRRP) anunció la revocación de las cartas circulares que regulaban la designación de baños inclusivos en su campus.
En la comunicación a la comunidad universitaria, se planteó que la acción es en cumplimiento con nuevas guías federales que rigen el uso de fondos en instituciones educativas.
La rectora Angélica Varela Llavona informó en la Carta Circular 26-4, emitida este domingo 21 de septiembre, que la determinación responde al“Guidance for Recipients of Federal Funding Regarding Unlawful Discrimination”, publicado el 29 de julio de 2025 por el Departamento de Educación de Estados Unidos.
La rectora explicó que la medida se adopta “para garantizar el cumplimiento normativo, preservar la estabilidad financiera ante la posible pérdida de fondos federales esenciales y proteger los intereses de nuestra comunidad universitaria”.