El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, coincidió con el argumento de la Asociación de Constructores de Hogares de que, en Puerto Rico, existe un alto porcentaje de terreno bajo protección, por lo que vio con buenos ojos una revisión al Plan de Uso de Terrenos (PUT) para atender la creciente demanda de vivienda en el archipiélago.
“Debería revisarse. Yo le voy a ser honesto y, de hecho, yo soy bien celoso con el ambiente. Pero tiene que haber un balance. Y ahora mismo el plan de uso tiene solamente 14 % de todo el terreno en Puerto Rico que es permisible para construcción y, dentro de ese 14 %, aproximadamente 1 % es viable ahora mismo para construir nuevas viviendas”, expresó en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.
El titular utilizó como ejemplo el permitir que un dueño de finca en una zona de mogotes pueda segregar un solar para sus hijos. A la pregunta sobre el caso de nuevas urbanizaciones, dijo “eso es una cosa. Otra es hacer complejos de vivienda. No todo es dañino. Construcción en el carso no es pecado capital, siempre que se haga con conciencia y con las previsiones que nos da la tecnología de hoy día”, subrayó.
En su opinión, la construcción en terrenos sensibles puede manejarse de forma responsable. “Hay la tecnología para recoger todas las aguas que generan esas casas y llevarlas de una manera efectiva y saludable al ecosistema sin tener que estar impactando negativamente”, aseguró.
Zona marítimo terrestre
El secretario también se refirió al debate sobre la definición de la zona marítimo terrestre, aún regida por una ley de 1886. “La ley te dice que donde llega el barullo del temporal. ¿Qué temporal? ¿Qué barullo? ¿Quién estuvo allí, cómo lo vio? No es tan científico”, señaló, al tiempo que favoreció criterios modernos como los equinoccios para establecer límites de forma más precisa. De esta forma, dijo que su agencia vería con buenos ojos una medida legislativa del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.
A su juicio, este cambio ayudaría a reducir conflictos en proyectos costeros como los ocurridos en Rincón y Aguadilla, donde la falta de claridad en los deslindes ha provocado disputas legales.
La Parguera
Sobre el caso de las casetas de La Parguera, Quiles defendió que se otorguen concesiones en lugar de demoliciones, como también propone otra medida cameral que, en la pasada sesión, quedó pendiente ante el Senado. “Muchas veces, es más contraproducente al ambiente demoler una estructura que dejar que esté de la manera que ya están y hacerle una concesión… Eso no quiere decir que tienen título de propiedad. Eso es de nosotros y de nadie más. No le quepa la menor duda de que esas aguas son nuestras”, afirmó.
El funcionario aseguró que trabajan en un nuevo inventario de las estructuras en bienes de dominio público para controlar su huella. Incluso, dijo que, hace meses, vigilantes del DRNA intervinieron en una construcción en una de las casetas.
Proyectos polémicos
En cuanto al proyecto Esencia, que impacta terrenos cerca de la reserva de Boquerón, en Cabo Rojo, sostuvo que corresponde a los proponentes demostrar cómo mitigarán el impacto ambiental señalado en un informe pericial de su agencia. “Ese proyecto tiene espacio de más para subsanar lo que se le pidió. El impacto tiene que venir mitigado por las exigencias que se le ha hecho”, afirmó.
Mientras, sobre las construcciones en Aguadilla, recordó que los permisos fueron otorgados por el municipio y que el DRNA solo puede intervenir en caso de violaciones ambientales. “En cuanto al permiso, yo no tengo jurisdicción para ir en contra de uno emitido legalmente por el municipio”, aclaró.
Protección de manatíes
El funcionario también adelantó medidas para restringir el uso de jet skis en Salinas, tras la muerte de tres manatíes. “Lo primero que se va a delimitar es la zona donde no pueden transitar los jet skis. Van a haber multas de $5,000 y la incautación de embarcaciones”, explicó, convencido de que la medida cuenta con respaldo ciudadano.
Mientras que, sobre las serpientes invasoras, Quiles dijo que, por lo pronto, no les queda más remedio que la eutanasia con permisos federales. Sin embargo, explicó que trabajan en el desarrollo de una industria local para aprovechar pieles y carnes de reptiles, así como de caimanes. Para esto, ya cuentan con una empresa seleccionada con la que están negociando a nivel del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, unos decretos para su establecimiento en Puerto Rico. “Es espectacular porque se crea una industria nueva. Ellos (la empresa con la cual negocian) contratan a los cazadores locales, procesan los animales aquí… Es un ganar-ganar para todos”, sostuvo. No quiso revelar el nombre de la compañía hasta que culminen los detalles de la negociación.
“Vivo sin miedo”
Finalmente, tras recibir amenazas de muerte, aseguró que no vive preocupado. “Soy sobreviviente de cáncer de páncreas, y son bien poquitas las cosas que me meten miedo. Vivo mi vida como lo vivo todo: sin miedo, sin preocupación”, expresó el funcionario, quien dijo porta armas para las cuales tiene licencia y dominio de uso.