La controversia por las maniobras de buques de gas natural licuado (LNG) en la Bahía de San Juan sumó un nuevo capítulo, esta vez con la intervención directa del Gobierno. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) acudieron al Tribunal Federal para solicitar su entrada formal al pleito que siete pilotos marítimos —profesionales encargados de guiar las embarcaciones dentro del puerto— radicaron contra la empresa New Fortress Energy (NFE), alegando que la disputa tiene consecuencias inmediatas sobre la continuidad del servicio eléctrico en el norte de Puerto Rico.
En paralelo, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Bostondenegó una solicitud de emergencia presentada por NFE para suspender la orden temporera emitida por la jueza federal Silvia Carreño Coll, que obliga a la empresa a realizar las maniobras de sus barcazas con cuatro remolcadores de 80 toneladas, estándar de seguridad que ha regido durante los pasados dos años. El foro apelativo concluyó que NFE “no demostró los méritos suficientes” para justificar un stay y dejó claro que el proceso sobre la solicitud de interdicto preliminar continúa ante el tribunal de distrito.
Ayer tarde, la AEE y la AAPP presentaron además una moción de emergencia, solicitando a la jueza Carreño Coll levantar o modificar la orden temporera al alegar que el requisito impuesto ha provocado un “embargo energético total”. Las agencias advierten que el terminal de gas de San Juan carece de tanques de almacenamiento en tierra, que el buque actual ya agotó su carga y que la falta de disponibilidad de remolcadores especializados ha detenido por completo el intercambio de barcazas.
En una declaración jurada presentada al tribunal, el director ejecutivo de la AEE y de la AAPP, Josué Colón Ortiz, advirtió que la orden judicial “impone un embargo de facto sobre las entregas de gas LNG” a la bahía de San Juan. Según explicó, las unidades 5 y 6 de San Juan y las 14 unidades temporeras de generación en San Juan y Palo Seco utilizan gas natural como combustible principal, por lo que la paralización de buques ha obligado a mover parte de la flota a diésel, mientras otras unidades sin capacidad dual se han apagado.
Colón alertó que la operación prolongada con diésel “acelera el desgaste de las turbinas, incrementa las emisiones contaminantes y eleva el riesgo de apagones forzados”, con posibles repercusiones sobre comunidades cercanas y poblaciones vulnerables. Recordó además que el 29 de septiembre una avería en Aguirre dejó sin luz a más de 150,000 abonados, y que un escenario de interrupción total del suministro de gas “podría ser exponencialmente peor”.
“El riesgo ya no es teórico”, declaró el ingeniero, al recalcar que la falta de gas en San Juan y Palo Seco compromete la estabilidad del sistema y la operación de servicios esenciales como hospitales, acueductos y telecomunicaciones.
“El resultado inmediato es un riesgo inminente de apagones catastróficos”, plantearon las entidades, al indicar que las unidades 5 y 6 de San Juan, así como las plantas temporeras, ya operan con diésel o fuera de servicio. El documento enfatiza que la orden vigente hasta el 10 de octubre impone “un requisito imposible de cumplir” y que la falta de gas afecta directamente servicios esenciales como hospitales, telecomunicaciones y acueductos. Por ello, el gobierno solicitó una vista urgente para discutir alternativas “seguras y viables” que permitan reanudar las entregas de LNG a la bahía.
De acuerdo con su moción original de intervención, radicada el 29 de septiembre, la AEE y la AAPP sostienen que el caso “afecta su capacidad de cumplir con el deber no delegable de proveer un servicio confiable y asequible”. Argumentan que el sistema no cuenta con inventario terrestre de gas natural y depende por completo de la entrada oportuna de los tanqueros a la Bahía de San Juan. Cualquier retraso, advierten, obliga a mover las unidades de San Juan y Palo Seco a diésel, un combustible más costoso, contaminante y que somete a estrés mecánico a las turbinas convertidas para operar con LNG.
“El resultado es un riesgo inminente de apagones en cascada”, advirtieron las agencias en el documento, al tiempo que recalcaron que ni los pilotos demandantes ni NFE representan los intereses legales y operacionales del Estado. Por ello solicitaron intervenir como parte del pleito, en virtud de las leyes 83-1941, 120-2018, 17-2019 y 57-2014, que asignan a la AEE y la AAPP la responsabilidad última sobre la continuidad del servicio.
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Pero los pilotos rechazaron de plano el pedido. En una oposición radicada al día siguiente, los demandantes sostuvieron que las agencias no tienen derecho a intervenir bajo la Regla 24 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil y que sus intereses están alineados con los de una empresa privada, no con los de la seguridad pública. “El propósito de la AEE y la AAPP es ejercer presión política para permitir maniobras sin el equipo requerido”, sostuvieron, aludiendo a la orden temporera de la jueza Silvia Carreño Coll que obliga a NFE a utilizar cuatro remolcadores de 80 toneladas, el estándar de seguridad vigente durante los pasados dos años.
Según los pilotos, la moción del gobierno “es contradictoria”, ya que ni la AEE ni la AAPP participaron de las simulaciones técnicas ni de los acuerdos alcanzados con NFE para validar las maniobras seguras. Además, alegaron que las agencias no tienen jurisdicción sobre el tráfico marítimo en aguas navegables y que sus argumentos se basan en leyes locales sin jurisdicción federal, requisito necesario para intervenir en el caso.
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El escrito añade que, contrario a las alegaciones de escasez de gas, “las unidades de San Juan tienen reserva y capacidad disponible”, y que la solución no debe ser presionar al tribunal, sino exigir a NFE que cumpla con los estándares de seguridad marítima. “El pueblo de Puerto Rico no puede ser expuesto a una catástrofe ambiental por las decisiones erradas de la AEE al contratar a una empresa al borde de la bancarrota”, plantearon.
El choque legal ocurre en un momento delicado para el sistema eléctrico, que entre lunes y martes enfrentó relevos de carga y un estrecho margen de reserva debido al retraso en la llegada del buque de gas a la bahía. En entrevista radial, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, confirmó que “no ha entrado el buque de gas”, lo que obligó a operar varias unidades con diésel, encareciendo la mezcla de combustibles y reduciendo la flexibilidad operativa.
De hecho, la gobernadora Jenniffer González calificó como una barbaridad que el pleito legal ponga en jaque el suministro de combustible para Puerto Rico.
En paralelo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó —con observaciones— una nueva enmienda al contrato temporero entre Genera PR y NF Energía, elevando su tope a $70.96 millones y extendiendo su vigencia hasta el 3 de octubre. Este acuerdo de emergencia actúa como un puente mientras la JSF evalúa un contrato de largo plazo valorado en unos $20 mil millones, actualmente paralizado por preocupaciones sobre transparencia y concentración monopólica.
Mientras el tribunal decide si concede la intervención solicitada por la AEE y la AAPP, la orden federal de seguridad mantiene vigente el uso obligatorio de los remolcadores especializados. En la práctica, cualquier atraso en el cumplimiento de ese protocolo puede ajustar los calendarios de entrada y salida de tanqueros y afectar, una vez más, la cadena de suministro energético.