Los pilotos marítimos de la Bahía de San Juan rechazaron los planteamientos del Gobierno de Puerto Rico y de New Fortress Energy (NFE) sobre un supuesto “embargo energético” y acusaron a ambas partes de fabricar una crisis para presionar al tribunal federal y levantar la orden de seguridad marítima vigente.
En su respuesta formal a la moción de emergencia presentada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP), los pilotos sostienen que las agencias repiten “afirmaciones falsas de NFE” sobre la disponibilidad de equipo y que no existe una amenaza real al sistema eléctrico. “No hay ningún embargo; las unidades que operan con gas ya migraron a diésel y el sistema está estable. La narrativa de crisis es un espejismo”, sostienen en el documento radicado a media mañana.
Los demandantes alegan que la empresa mintió al asegurar que no hay remolcadores de 80 toneladas disponibles, cuando en realidad existen compañías con capacidad para suplir ese equipo. Según detallan, NFE no ha completado los contratos necesarios ni ha pagado a las firmas marítimas que participaron en las simulaciones y certificaciones de seguridad en Houston. “El incumplimiento responde a problemas financieros, no a escasez de remolcadores”, añadieron.
Además, citan una entrevista del director ejecutivo de la AEE, Josué Colón Ortiz, en el programa Jugando Pelota Dura, donde el funcionario reconoció que el sistema puede operar con diésel. Los pilotos señalaron que cualquier aumento en el costo de generación provocado por el uso de diésel debe ser absorbido por NFE, y no por los consumidores de energía eléctrica.
El grupo recalcó que la orden temporera emitida por la jueza Silvia Carreño Coll, que exige el uso de cuatro remolcadores de 80 toneladas para las maniobras de gas natural licuado (LNG), responde a un estándar validado por la Guardia Costera y la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC). “Levantar esa orden pondría en riesgo la vida de las comunidades cercanas a la bahía y de los trabajadores marítimos”, advirtieron.
Los pilotos enfatizaron que su deber profesional es garantizar la seguridad marítima por encima de intereses económicos o políticos, y recordaron que NFE opera bajo permisos condicionados y en revisión federal. “Nuestra función es técnica y de seguridad. No vamos a ceder ante presiones que comprometan vidas humanas”, puntualizaron.
La jueza Carreño Coll deberá ahora evaluar tanto la moción de emergencia del Gobierno como la respuesta de los pilotos antes de decidir si mantiene o modifica la orden temporera, que expira el 10 de octubre de 2025.