La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Lourdes L. Gómez Torres, informó este miércoles que se encontró causa para juicio contra la patóloga del habla Jomarys Ainniz Agosto Cuevas.
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La imputada esta acusada de liderar un esquema de fraude mediante el cual certificó y facturó terapias de habla que nunca ofreció a estudiantes bajo el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE).
El caso fue presentado por la fiscal auxiliar Teresita del Rosario Morales Arteaga, de la Fiscalía de San Juan. En la investigación trabajaron la agente Nilda M. Couvertier Lasen del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía, y el auditor Luis Torres González, de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, quien realizó una auditoría que sirvió de base para la radicación de cargos.
De acuerdo con la investigación, Agosto Cuevas, quien trabajaba para la compañía Piko Therapy, un proveedor autorizado del DE, facturó indebidamente 125 terapias las cuales no fueron ofrecidas entre agosto del 2023 y enero de 2025, lo que resultó en un desembolso ilegal de $7,100 en fondos públicos.
La pesquisa, también, reveló que Agosto Cuevas utilizó indebidamente la información de maestros de la Escuela Especializada Víctor Parés Collazo en San Juan para generar certificaciones falsas en la plataforma digital Mi Portal Especial. Estas acciones no solo defraudaron al erario, sino que también pusieron en riesgo la salud, integridad y desarrollo de menores con diversidad funcional entre los 3 y 21 años de edad. Posteriormente, la imputada intentó persuadir a padres y encargados de los menores para que no declararan en su contra, lo que también constituye delito.
El juez Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para juicio por un total de 135 cargos criminales. Entre estos: un cargo por fraude, según el Artículo 202 del Código Penal de Puerto Rico; cinco cargos por violación al delito de Apropiación Ilegal Agravada, conforme al Artículo 182; treinta cargos por alteración y uso de datos personales en archivos, bajo el Artículo 172; treinta cargos por falsedad ideológica, en virtud del Artículo 212; treinta cargos por archivo de datos falsos, de acuerdo con el Artículo 216; y treinta cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados, según el Artículo 217. Además, enfrenta cinco cargos por impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos, conforme al Artículo 281, y cuatro cargos de maltrato de menores bajo el Artículo 53 de la Ley 57-2023.
La imputada renunció a la vista preliminar tras un acuerdo con el Ministerio Público.
La lectura de acusación y el juicio están pautados para el 6 de octubre de 2025 en el Tribunal de San Juan.