El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, denunció que el reciente aumento en la factura de luz, que eleva el costo por kilovatio-hora a 0.27507 centavos, el más alto del 2025, no responde a un alza en el costo del combustible, sino a la incorporación de dos cargos nuevos aprobados por el Negociado de Energía.
En entrevista con Metro al Mediodía, el líder sindical cuestionó la transparencia del organismo regulador y lo acusó de “jugar con la percepción pública” al aplicar reducciones atípicas en meses anteriores para luego anunciar un alza de 8 por ciento.
“El Negociado ha entrado en una actitud altamente preocupante, jugando con la percepción pública. Aprobaron dos cargos nuevos y luego bajaron ficticiamente el ajuste de combustible para disfrazarlo”, planteó Figueroa Jaramillo.
El dirigente explicó que uno de los cargos responde al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mientras el otro está dirigido a aumentar los ingresos de los operadores privados. Señaló que ambos costos pudieron haberse evitado con ajustes graduales durante los pasados siete años.
Figueroa Jaramillo insistió en que el Negociado no ha informado un incremento en el costo de los combustibles, lo que refuerza su planteamiento de que el aumento no está justificado por variaciones en el precio del petróleo o del gas natural. “En esta ocasión no han dicho en ningún momento que ha habido un alza en el costo de combustible. Lo que hicieron fue una conciliación. Eso nos hace pensar que el ajuste anterior fue ficticio y se usó para ocultar los nuevos cargos”, sostuvo.
El líder sindical también criticó la decisión del Negociado de diferir $2.5 millones en costos asociados al uso de diésel durante interrupciones en el suministro de gas natural. A su juicio, esos gastos deben ser absorbidos por New Fortress Energy y no cargarse al consumidor. “No es responsabilidad de los consumidores pagar por el uso de un combustible más caro. Ese cargo hay que pasárselo al responsable, que es New Fortress Energy”, afirmó.
Durante la conversación, Figueroa Jaramillo también abordó la controversia judicial relacionada con la barcaza de gas en el muelle de San Juan, al advertir que el cambio de embarcación realizado por la empresa implica riesgos de seguridad y podría afectar la cadena de suministros del país. “Esto no es un tema meramente judicial. Se trata de un asunto de seguridad que puede poner en riesgo la entrada de productos al país. No hay justificación para asumir ese riesgo”, expresó.
Asimismo, criticó la intervención del gobierno a través de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), al plantear que “se está favoreciendo un interés privado, poniendo en riesgo la seguridad del país y de las comunidades en esa área”.
El presidente de la UTIER advirtió que los consumidores podrían enfrentar nuevos aumentos en los próximos trimestres si el Negociado termina incluyendo los $2.5 millones diferidos y otros gastos operacionales. No obstante, reconoció que los meses fríos suelen reducir el costo del combustible, lo que podría amortiguar parte del alza.
“El país no tiene que pagar por las ineficiencias del sistema ni por errores de las empresas privadas”, concluyó.