El sector privado comenzó a reaccionar al nuevo aumento en la factura de la luz aprobado por el Negociado de Energía, que entrará en vigor a partir de este 1 de octubre.
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) advirtió que el alza encarece el costo de hacer negocios en la isla y llamó a ejecutar con mayor agilidad los planes de reconstrucción y los fondos ya asignados.
La presidenta de la CCPR, Margaret Ramírez Báez, expresó que lo más urgente es asegurar un sistema eléctrico confiable y estable, advirtiendo que la energía más costosa es la que no está disponible porque obliga a los comercios a cerrar o a recurrir a sistemas propios de generación.
“La primera prioridad para nuestro país debe ser tener un sistema eléctrico que funcione de manera confiable y estable. La energía más cara es la que no está disponible, porque obliga a los comercios a cerrar o a invertir en sistemas de generación propios, algo que no es nuestro negocio principal ni el uso más eficiente de nuestros recursos”, dijo mediante declaraciones escritas.
La ejecutiva planteó que las decisiones de política pública deben atender tanto el corto como el largo plazo. En lo inmediato, pidió actuar con responsabilidad para no “ahogar al comercio ni hacer insostenible la operación de las empresas locales”.
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Ramírez Báez también destacó que el costo de las pensiones y la deuda acumulada no debe seguir cargándose al sistema eléctrico, y que el problema principal no es la falta de planes, sino la pobre ejecución.
“También creemos que las obligaciones relacionadas con las pensiones y la deuda acumulada deberían asumirse desde el presupuesto general del gobierno, para no continuar cargando al costo eléctrico un lastre que lo hace menos competitivo y encarece injustamente la vida y la producción en Puerto Rico. (…) Finalmente, queremos subrayar que el mayor problema no ha sido la falta de planes, sino la pobre ejecución. Hay fondos de reconstrucción disponibles, pero falta agilidad para utilizarlos bien”, concluyó Ramírez Báez.
Sobre el futuro, Ramírez Báez sostuvo que abrir el mercado a la competencia y más alternativas es clave para atraer inversión, nuevas tecnologías y modelos de negocio más eficientes.
La Cámara urgió a completar y ejecutar el Plan Integrado de Recursos y a fiscalizar los contratos de energía, a fin de garantizar un servicio más confiable y a costos razonables para consumidores y empresas.
Mientras, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín III calificó el ajuste como “un golpe adicional a la ya frágil estabilidad económica del país”.
En sus expresiones, subrayó el impacto directo en pequeños y medianos comercios.
“Este ajuste no solo afecta directamente a los consumidores residenciales, sino que coloca a nuestros empresarios –especialmente a los pequeños y medianos comerciantes– en una situación aún más crítica, donde cada centavo adicional en costos operacionales amenaza la competitividad, la creación de empleos y la capacidad de sostener sus negocios”, dijo en declaraciones escritas.
Barquín recalcó que Puerto Rico enfrenta retos estructurales y geopolíticos que inciden directamente en su sistema eléctrico, y llamó a construir un modelo robusto y justo.
“No se trata únicamente de pagar más, sino de hacerlo en un contexto donde la confiabilidad y la redundancia del sistema siguen en entredicho. (…) Proponemos abrir un diálogo multisectorial que incluya al gobierno, los reguladores, el sector privado y la academia para diseñar un modelo energético que no sea un obstáculo, sino un verdadero motor de desarrollo”, concluyó.