La lujosa mansión del convicto exrecaudador de fondos del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, fue puesta a la venta bajo una empresa de bienes raíces. La propiedad se encuentra ubicada frente al mar en el pueblo de Aguadilla.
La misma cuenta con siete habitantes, nueve baños, 8,900 pies cuadrados de espacio habitable, cine, garaje, cocina exterior, áreas de entretenimiento, terraza, piscina y bodega de vinos.
De acuerdo a la cuenta de Facebook Mi Corredor P R, la propiedad se encuentra a la venta por $12,500,000.
Hasta el 2023, la propiedad, que se conocía como “La Casa Herdz” fue alquilada a corto plazo mediante plataformas como Airbnb y otras. En 2017, la Compañía de Turismo expidió un endoso para efectuar operaciones de hostelería en la referida propiedad.
¿Cuántos millones cuesta la lujosa mansión del convicto exrecaudador del PPD, Anaudi Hernández?
¿Quién es Anaudi Javier Hernández Pérez?
El caso de Anaudi representó para Puerto Rico uno de los esquemas de corrupción, fraude y sobornos más controversiales en la historia política de la isla. El mismo involucró a algunos funcionarios y empresarios vinculados al PPD.
El hombre fue un poderoso inversionista que tenía accesos directos con el exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla.
La pesquisa de los autoridades federales revelaron una gran corrupción gubernamental que involucraba a varios funcionarios y empresarios del ligados al gobierno.
Anaudi, hasta el 2012, fue propietario de una empresa de venta de celulares, mismo año en que se unió al grupo de recaudadores del Partido Popular Democrático y dieron paso al comienzo de las confabulaciones.
Hernández se declaró culpable en 2016 por conspirar para obtener contratos y beneficios ascendentes a $2 millones en varias agencias de gobierno.
De acuerdo a reportes de Metro P. R., el 18 de febrero de 2016, Hernández se declaró culpable por estos hechos. El 3 de diciembre de 2015, Hernández fue arrestado y acusado por las autoridades federales de orquestar tres esquemas de soborno y extorsión en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la Cámara de Representantes y en la Administración de Derecho Laboral (ADL).
En 2017, el Tribunal federal sentenció a Sally López, quien dirigió la ADL durante el mandato del entonces gobernador Alejandro García Padilla, a nueve años de prisión.
En 2017, también hicieron alegación de culpabilidad, la exdirectora de compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia Barreto, Carlos Luna, exempleado de la empresa JM Professional Training, Xavier González, exadministrador de la Cámara de Representantes; Javier Muñiz Álvarez, empleado de JM Profesional & Training Group; Víctor Burgos Cotto, exdirector de Informática de la Cámara y Héctor Vargas Soto, socio de Hernández Pérez también hicieron alegato de culpabilidad.
Senado de Puerto Rico aprueba medida para poner límites a escoltas
El Senado aprobó en la Sesión Ordinaria del miércoles, primero de octubre de 2025, por unanimidad el Proyecto del Senado 752, del portavoz alterno, Juan Oscar Morales Rodríguez, que busca enmendar la Ley de la Policía de Puerto Rico para establecer límites estrictos en la asignación de escoltas a funcionarios y exfuncionarios públicos.
En un turno, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, habló a favor del proyecto. “Aquí no tenemos una agenda en particular o personal contra nadie. Sencillamente, estamos reaccionando a lo que es nuestro deber, en representación de nuestros constituyentes. Porque el beneficio que pueda tener un exgobernador o un exfuncionario de escolta abona a la pensión que tiene como exfuncionario o como exgobernante, cosa que no tiene hoy ningún trabajador y ninguna trabajadora puertorriqueña. No sé qué trato le darán a este proyecto en la Cámara y no sé si la Gobernadora de Puerto Rico quiera firmarlo. Pero cuando llegue el momento de una confrontación donde un trabajador nos reclame, nosotros tendríamos la autoridad moral de decirle, actuamos. Para crear balance, para crear justicia, para que ninguno tenga más que el otro. Para que no haya privilegios o no haya circunstancias que pudieran parecer de privilegio”.
Entre las enmiendas incluidas por el líder senatorial indica que “todo ex-gobernador o ex-funcionario que haya sido convicto por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal, no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico. Además, que ningún aspirante o candidato a la gobernación o al cargo de comisionado residente, podrá solicitar servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico.
La pieza legislativa propone prohibir la asignación de escoltas a exfuncionarios públicos, salvo en casos de amenaza específica y actual contra su integridad física; establecer límites estrictos al uso de escoltas por exgobernadores, eliminándolo automáticamente en caso de convicción por delito grave o menos grave; y garantizar que el privilegio de contar con escoltas esté sujeto a los más altos estándares de integridad y responsabilidad.