La Asociación de Capitanes Marinos Profesionales de la Bahía de San Juan, mejor conocida como los Prácticos, respondió hoy a las declaraciones públicas y alegatos judiciales que los acusan de obstaculizar la entrada de gas natural licuado (LNG) a la Bahía de San Juan, asegurando que su demanda federal no persigue intereses económicos, sino hacer cumplir los estándares de seguridad establecidos junto a las agencias reguladoras federales.
En un comunicado, el abogado del gremio, Miguel A. Nazario, denunció una “campaña de desinformación intencional” que, a su juicio, busca presentar a los pilotos como responsables de los retrasos en las maniobras de buques tanque, cuando —según afirmó— “han actuado de buena fe, conforme a la ley y por el interés público”.
Los Prácticos son los demandantes en el caso federal que mantiene en disputa la orden judicial (TRO) que exige el uso de cuatro remolcadores de 80 toneladas para las maniobras de buques LNG en la Bahía de San Juan. Esa medida fue validada por la Guardia Costera y la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), tras dos años de simulaciones en Houston, Texas.
El gremio recordó que New Fortress Energy (NFE) acordó originalmente estas condiciones, pero que la empresa “decidió unilateralmente reducirlas para abaratar costos”, lo que —según los pilotos— coloca en riesgo la vida de las comunidades costeras y la seguridad marítima.
La controversia ha escalado en los tribunales. El Gobierno, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP), sostiene que la orden federal ha provocado un “embargo energético total” y solicitado su modificación. En contraste, los pilotos alegan que el sistema ya opera con diésel y que el alegato de crisis responde a una estrategia de presión por parte de NFE y sus contratistas.
“Nuestra demanda no busca dinero ni reparaciones económicas. Exigimos el cumplimiento de las condiciones de seguridad que el propio operador aceptó”, insistió Nazario, al agregar que “la seguridad no puede negociarse ni sacrificarse para complacer intereses corporativos”.
El grupo recalcó que ha ofrecido alternativas operacionales a la empresa, como utilizar buques más pequeños o remolcadores disponibles de menor potencia, pero que NFE ha rechazado dichas propuestas.
El caso continúa bajo la consideración de la jueza federal Silvia Carreño Coll, quien mantiene vigente la orden de seguridad hasta el 10 de octubre, fecha en que vence el plazo de la TRO. Para este jueves, el tribunal tiene pautada una vista sobre el interdicto preliminar, donde se espera que comparezcan las partes, incluido el Gobierno, que busca intervenir formalmente en el pleito.