La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció que recientes decisiones del gobierno han restringido derechos y servicios para personas trans, intersex y no binarias, generando preocupación por su salud, seguridad y bienestar. La organización indicó que varias medidas han limitado el acceso a tratamientos médicos, espacios educativos inclusivos y servicios estatales, mientras que la falta de políticas claras ha aumentado la incertidumbre sobre otros derechos fundamentales.
Entre las acciones señaladas se encuentran la eliminación de la cobertura de terapias hormonales en el plan de salud del gobierno, la prohibición de baños inclusivos en dependencias públicas y universitarias, la exclusión de la identidad de género en documentos oficiales y la apelación a una decisión judicial que permitía a personas no binarias corregir el marcador de sexo en sus certificados de nacimiento. La Federación afirmó que estas medidas afectan de manera directa la vida diaria de las personas, su salud mental y su seguridad.
Kari Claudio Betancourt, directore de La Tejedora y miembro del Consejo Asesor de la Federación, manifestó que “es inconcebible, cruel e inhumano que el gobierno de Puerto Rico le haya declarado la guerra a las comunidades trans, intersex y no binaria desde todos los frentes. Ya son más de siete ataques directos a la vida, la seguridad y la dignidad de nuestras comunidades”.
La organización explicó que la cancelación de la cobertura médica ha obligado a algunas personas a recurrir a tratamientos no regulados, aumentando riesgos para su salud, mientras que otras han tenido que abandonar el país en busca de lugares más seguros.
Víktor Javier, miembro, expresó que “el gobierno nos empuja al clandestinaje que nos pone en peligro y precariedad”, reflejando la situación que viven muchas personas trans ante la falta de acceso a servicios esenciales.
La Federación también destacó los efectos de estas medidas en la salud mental de la población afectada. Sachelle Pagán señaló que muchas personas trans han tenido ideas suicidas por la violencia institucional y la pérdida de derechos, mientras que Marisa Silva, mujer trans indicó que las decisiones gubernamentales han generado “una gran angustia” y preocupación sobre otros derechos que podrían perder, incluyendo el reconocimiento legal de su identidad de género en documentos oficiales.
Además, la eliminación de baños inclusivos en instituciones educativas ha limitado los espacios seguros para estudiantes trans y no binaries, lo que afecta su desarrollo y bienestar diario. Ari Rodríguez Vázquez subrayó que estos espacios son fundamentales para que las personas puedan sentirse seguras y cómodas en entornos académicos y sociales.
Shakira González, trabajadora social y mujer trans, condenó la eliminación de la cobertura para terapias hormonales y advirtió que “esta medida representa un retroceso devastador en los derechos humanos y la salud pública de Puerto Rico”. También indicó que la restricción de estos tratamientos, avalados por asociaciones médicas y psicológicas, aumenta el riesgo de sufrimiento evitable y limita el acceso a intervenciones que son esenciales para la salud y el bienestar de la comunidad.
La Federación sostuvo que continuará promoviendo políticas inclusivas y defendiendo los derechos de las comunidades trans, intersex y no binarias, asegurando que estas personas tengan igualdad de derechos y acceso a servicios esenciales. Además, anunció que se movilizará mediante instancias legales, educativas y de incidencia pública para garantizar equidad y protección en todos los espacios del país.