El Proyecto de la Cámara 420, que congela el impuesto a la propiedad sobre el inventario hasta 2028, con vistas a su eventual eliminación fue enviado a La Fortaleza tras ser aprobado esta tarde a viva voz en la Cámara de Representantes.
La medida fue aprobada por el Senado el lunes,
El presidente de la Cámara, Carlos Méndez, destacó que la iniciativa busca aliviar la carga tributaria que ha afectado a los comerciantes y limitado la disponibilidad de productos para los consumidores.
“Hoy le cumplimos al pueblo de Puerto Rico con la aprobación, tanto en el Senado como en la Cámara, de la congelación del impuesto sobre el inventario hasta el 2028. Esta medida ha castigado por años a nuestros comerciantes y la pandemia y los desastres naturales evidenciaron su impacto negativo en la economía”, dijo Méndez.
Añadió que la congelación forma parte de un compromiso del Partido Nuevo Progresista de reducir la carga contributiva de la ciudadanía y apoyar a pequeños y medianos comerciantes.
La falta de disponibilidad de inventario, conocida en la industria como “out of stock”, se ha visto reflejada en cifras concretas: antes del paso del huracán Irma (2017), la tasa promedio era del 16%, tras los huracanes, incluyendo María, subió al 44%. Desde finales de 2018, la tasa se mantiene en 23,6%, lo que significa que los inventarios carecen de una cuarta parte de su capacidad para suplir la demanda.
El presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Jesús Colón Berlingeri, expresó previamente su respaldo al proyecto y valoró que atienda los reclamos de los comerciantes.
No obstante, recordó que para los ayuntamientos el impuesto sobre la propiedad mueble representa el 45% de los recaudos municipales, de los cuales 318 millones corresponden al impuesto al inventario, equivalente al 59% de la contribución mueble, sosteniendo gran parte del presupuesto operativo de los municipios.
Berlingeri instó a la gobernadora, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal a identificar fuentes de financiamiento alternativas que sustituyan los ingresos que los municipios perderían con la eliminación total del impuesto.
La medida también fue respaldada por la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, que señaló que el proyecto permitirá mejorar la disponibilidad de productos y la estabilidad económica de los comerciantes, especialmente tras las dificultades generadas por los desastres naturales y la pandemia.