La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) un control más estricto sobre los convenios colectivos que negocian las agencias públicas, tras detectar que varias de las propuestas presentadas carecen de análisis fiscales y certificaciones de fondos disponibles.
En una carta firmada por el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, y dirigida al titular de la OGP, Orlando Rivera Berríos, la JSF señala que el proceso actual para someter los convenios “no sigue un procedimiento estandarizado” y que algunos acuerdos fueron enviados sin incluir evidencia presupuestaria ni proyecciones de impacto financiero.
“La documentación relacionada con los convenios propuestos es inconsistente y levanta preocupaciones sobre su cumplimiento con los Planes Fiscales, los presupuestos certificados y la Reforma del Servicio Público”, sostuvo Mujica.
La Junta destacó que incluso algunas agencias certificaron no tener fondos disponibles para cumplir con los aumentos salariales y beneficios incluidos en los acuerdos con sindicatos. Otras enviaron documentos incompletos o con cláusulas aún bajo negociación, según la comunicación oficial del 8 de octubre de 2025.
Reclamo de cumplimiento con el Plan Fiscal
El organismo de control federal solicitó a la OGP que someta, de manera formal, un análisis y certificación para cada convenio colectivo pendiente, asegurando que todos cumplan con el Plan Fiscal certificado para 2024 y el presupuesto vigente.
Entre los requerimientos figuran:
- Un memorando explicativo que detalle cómo cada acuerdo cumple con el Plan Fiscal.
- Una hoja de cálculo en formato Excel con el impacto financiero anual y las fuentes de fondos.
- Una certificación firmada de disponibilidad de recursos y lista de empleados beneficiados.
Mujica subrayó que el Plan Fiscal establece la necesidad de una estrategia unificada de relaciones laborales en el gobierno, con negociaciones “proactivas y coordinadas” que garanticen sostenibilidad a largo plazo.
“Algunas entidades están firmando acuerdos sin tener los recursos para implementarlos, lo cual compromete la responsabilidad fiscal del Gobierno de Puerto Rico”, advirtió la carta.
El requerimiento incluye convenios en agencias como la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Vivienda y el Departamento de Seguridad Pública, entre otras.