El Senado de Puerto Rico aprobó anoche el Proyecto del Senado 63 (PS 63), una medida impulsada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz que introduce amplios cambios a la Ley 141-2019, conocida como Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
La medida fue aprobada con el voto del Partido Nuevo Progresista (PNP) y la oposición de minorías parlamentarias. Ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde enfrenta el rechazo de más de una veintena de organizaciones periodísticas, cívicas, jurídicas y comunitarias que denuncian que el proyecto “entierra la transparencia” y limita la fiscalización ciudadana.
¿Qué cambia el P. del S. 63?
El proyecto enmienda seis artículos de la ley vigente (5 al 10) y reenumera los restantes. Entre los cambios más significativos:
- Duplica los plazos de entrega de información: las agencias tendrán 20 días laborables para responder solicitudes, en lugar de 10. En las oficinas regionales, el término se amplía de 15 a 30 días, con una posible prórroga adicional de 20 días.
- Notificación obligatoria a varias autoridades: toda solicitud deberá notificarse no solo al oficial de información, sino también al jefe o director de la agencia, al presidente de la rama legislativa o judicial correspondiente, según aplique.
- Datos personales obligatorios: las solicitudes deberán incluir el nombre, dirección postal y correo electrónico del peticionario. Las peticiones que no cumplan se considerarán “defectuosas” y no interrumpirán el término para contestar.
- Entrega en formato a discreción de la agencia: se elimina la obligación de entregar la información en el formato solicitado (como Excel o CSV). Las agencias podrán proveer los datos “en el formato disponible o de menor costo”.
- Extiende el término judicial y crea nuevas multas: el solicitante tendrá 30 días para acudir al tribunal si se le niega la información, y se permite sancionar a las agencias que incumplan con resoluciones judiciales con multas de hasta $100 diarios o un máximo de $18,000.
- Incorporación de “tecnologías accesibles”: se autoriza divulgar información mediante direcciones web (URL) o inspección en oficina, sin obligación de entregar copias digitales o físicas, siempre que el funcionario lo considere suficiente.
Según el proyecto, los oficiales de información deberán además rendir informes mensuales públicos sobre el número y tipo de solicitudes recibidas, sin divulgar la identidad de los peticionarios.
Rivera Schatz: “No limita el acceso, impone razonabilidad”
Durante el debate legislativo, Thomas Rivera Schatz defendió la medida alegando que no se trata de una limitación, sino de un intento por “ordenar y equilibrar” los procesos.
“Este proyecto no limita el acceso a la información. Sencillamente trae un escenario donde la razonabilidad debe ser la orden del día. Hay un balance real entre pedir la información y el proveerla”, dijo Rivera Schatz.
Organizaciones alertan sobre el impacto
La aprobación ocurre pese a las advertencias de gremios y organizaciones como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), el Overseas Press Club (OPC), Sembrando Sentido, la ACLU, la UPAGRA, el Colegio de Abogados y Abogadas, y decenas de entidades comunitarias y académicas.
De acuerdo con un análisis del Center for Law and Democracy, de aprobarse en su totalidad el PS 63, Puerto Rico caería del puesto 94 al 106 en el Right to Information Index, situándose por debajo de países como Irán.
“Este proyecto duplica los plazos de entrega y normaliza la dilación. La información pública le pertenece al pueblo, no al poder”, expresó Gloria Ruiz Kuilan, presidenta del OPC.
Issel Masses, directora de Sembrando Sentido, advirtió que el proyecto “aumenta la lentitud, la burocracia y la impunidad”, al tiempo que “facilita que se declare confidencial la información y se entregue en formatos que imposibilitan el análisis”.
Juristas: “Crea miedo a pedir información”
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico cuestionó la ausencia de vistas públicas y señaló que la nueva obligación de incluir dirección postal “abre la puerta a la persecución o intimidación de ciudadanos”.
“Nos preocupa sobremanera que se soliciten datos personales en un país donde pedir información puede implicar represalias”, expresó el licenciado Kevin Rivera. “Cuando una ley limita derechos constitucionales, los tribunales deben intervenir. No puede haber democracia si el gobierno se reserva el derecho de esconder información.”
Próximo paso: la Cámara y la gobernadora
Con su aprobación en el Senado, el PS 63 pasa a la Cámara de Representantes. De recibir visto bueno, la pieza será enviada a La Fortaleza para la firma o veto de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Periodistas y organizaciones exhortaron a la mandataria a expresar desde ahora que no firmará la medida. “Si la gobernadora cree en un gobierno abierto, debe decirlo hoy, no después”, reclamó Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta entrante del OPC.