La propuesta de la Administración Trump dirigida a nueve universidades para garantizar la protección de “ideas conservadoras” en sus campus y limitar ciertas protestas ha fracasado, tras recibir rechazo explícito de la mayoría de las instituciones y no obtener respuesta de otras.
La iniciativa, conocida como Convenio para la Excelencia Académica en la Educación Superior, ha sido calificada por académicos y asociaciones universitarias como un intento de soborno o extorsión para influir en la política educativa y limitar la libertad académica.
Hasta siete universidades, entre ellas University of Pennsylvania, University of Southern California y MIT, rechazaron públicamente la propuesta, argumentando que violaría sus valores institucionales y la libertad de expresión.
Otras como Brown, Virginia, Dartmouth y Arizona señalaron que el convenio contradecía su compromiso con la autonomía universitaria y la protección de derechos fundamentales en el campus.
La Universidad de Brown explicó que su acuerdo previo con el Gobierno federal “afirma expresamente la falta de autoridad del gobierno para dictar nuestro currículo o el contenido del discurso académico”, algo que el convenio de la Casa Blanca no respetaba.
Por su parte, la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) advirtió que la propuesta “apesta a favoritismo, clientelismo y soborno”, al ofrecer privilegios federales a universidades que cumplieran con la agenda política de la Casa Blanca y penalizar a quienes no lo hicieran.
El convenio incluía, entre otras obligaciones, proteger las ideas conservadoras, eliminar la discriminación positiva en becas y admisiones, limitar la proporción de estudiantes internacionales y restringir la participación política de los trabajadores universitarios. También exigía definir categorías de género según criterios biológicos y mantener espacios exclusivos por sexo en ciertas áreas.
Académicos destacados describieron la medida con términos como “extorsión, simple y llanamente” (Erwin Chemerinsky, UC Berkeley) o como un intento de “policía de ideas” que permitiría al Gobierno monitorear y corregir lo que considera posiciones políticas inadecuadas (Liviu Matei, King’s College, Londres).
Michael Ignatieff, exrector de la Central European University, comparó el convenio con estrategias de control educativo utilizadas en Hungría por el gobierno de Viktor Orbán, señalando que se trataba de un plan estratégico para influir sobre las élites futuras mediante la educación universitaria.
Solo la University of Texas en Austin mostró interés en participar, destacando su disposición a colaborar con la Administración para implementar cambios en su sistema educativo estatal. Sin embargo, la mayoría de las universidades rechazaron el convenio, subrayando que violaba la autonomía académica y la libertad de cátedra protegida por la Constitución estadounidense.
La Asociación Americana de Colegios y Universidades (AAC&U) y la Fundación para la Libertad Individual y de Expresión (FIRE) coincidieron en que el convenio no representaba un compromiso constructivo, sino una presión indebida que buscaba condicionar los fondos federales al alineamiento ideológico, vulnerando principios fundamentales de la educación superior en Estados Unidos.