La Defensoría Pública de Río de Janeiro confirmó este miércoles la muerte de al menos 132 personas como resultado del operativo policial a gran escala en los barrios de Penha y Alemão, dirigido contra el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil.
La operación, considerada ya la más letal en la historia del estado de Río de Janeiro, supera incluso la masacre de Carandiru ocurrida en 1992 en São Paulo, donde murieron 111 reclusos, símbolo histórico de la violencia policial en el país.
Vecinos del barrio de Penha, en la zona norte de la ciudad, hallaron decenas de cadáveres tras la intervención, al menos 72 hasta ahora, que colocaron en la Plaza São Lucas para facilitar su identificación por parte de familiares. Muchos de los cuerpos pertenecen a hombres jóvenes, a quienes los residentes desvistieron parcialmente para agilizar el reconocimiento.
El gobernador del estado, Cláudio Castro, calificó el operativo de “histórico” y confirmó la muerte de cuatro agentes policiales. Sin embargo, las cifras oficiales han sido objeto de controversia, ya que el número de víctimas aumentó conforme los cuerpos fueron encontrados fuera del control de las autoridades médicas.
“En 36 años de favela, después de muchas operaciones, nunca había visto algo así. Es algo nuevo, de una brutalidad y violencia de un nivel desconocido”, declaró el activista Raull Santiago al portal G1, al describir la magnitud de los hechos.
El operativo, en el que participaron unos 2,500 agentes, tenía como objetivo decenas de detenciones, incluyendo la captura de Thiago do Nascimento Mendes, alias Belao do Quitungo, uno de los líderes del Comando Vermelho, quien fue finalmente arrestado.
Además de los 80 detenidos, la Policía informó de la incautación de una treintena de fusiles de guerra y otras armas de menor calibre. Las fuerzas de seguridad señalaron que fueron recibidas con bombas lanzadas por drones, lo que desató un intenso intercambio de fuego en zonas densamente pobladas.
El operativo ha generado una fuerte ola de indignación y denuncias de abusos por parte de organizaciones civiles y vecinos, que acusan a las autoridades de haber ejecutado una “represalia indiscriminada” contra comunidades pobres dominadas por el narcotráfico.