La persecución y represión política, en Puerto Rico, bajo bandera estadounidense representa una época sombría en nuestra historia. Por décadas, la llamada democracia del mundo, en su interés de suprimir los movimientos disidentes como el independentismo, utilizó la fuerza bruta del estado —federal y local— para imponer sus intereses.
También, se valieron de otras acciones como las prebendas con el fin de acallar y acomodar razonablemente a otros sectores del país. Es decir, para tener total dominio de la colonia, Estados Unidos abatió a unos por un lado mientras, simultáneamente, compró la fidelidad de otros.
Recientemente, fueron divulgados documentos que evidencian reuniones recientes entre el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Policía de Puerto Rico para discutir supuestas amenazas de “terrorismo interno” de grupos como Jornada Se Acabaron las Promesas y la Colectiva Feminista en Construcción.
Ese hecho nos coloca frente al mismo episodio bochornoso del carpeteo del siglo pasado, que marcó a partidos, generaciones de independentistas, sindicatos, estudiantes, artistas, trabajadores y familias, y que fuera declarado inconstitucional a finales de la década de los 80, tras un pleito judicial incoado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Pero, para sorpresa de nadie, cuando el presidente de EE. UU. anuncia que cualquier pensamiento antifascista puede considerarse terrorismo, cuando el despliegue militar se utiliza para intimidar a quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta, cuando desde la metrópolis se establecen criterios para vigilar a quienes desafían el coloniaje, el mensaje es claro: persiguen que el miedo gobierne, silenciar al pueblo y criminalizar la protesta. A ello, sumamos el extraordinario avance de las fuerzas políticas que reclamamos un proceso de descolonización genuino para superar, precisamente, el sistema colonial que permite la persecución.
El PIP, que padeció la represión y el ostracismo en carne propia antes, durante y posterior a la Ley de la Mordaza del Partido Popular —replicada luego por el Partido Nuevo Progresista— se solidariza con las organizaciones investigadas y denuncia la inconstitucionalidad del carpeteo y la criminalización de la protesta. El regreso del carpeteo jamás derrotará la lucha de un pueblo que resiste a ceder su futuro. La historia demuestra que la represión siempre fracasa ante las causas justas y la esperanza. Puerto Rico no será la excepción.