La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó el boletín informativo que el Departamento de Hacienda proponía emitir para ajustar por inflación el Crédito por Trabajo (EITC) correspondiente al año contributivo 2025, por considerar que el cambio no cumple con el Plan Fiscal ni con el presupuesto certificado para el año fiscal 2026.
En una carta enviada el 29 de octubre de 2025 al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr., advirtió que el ajuste planteado aumentaría los costos del programa en aproximadamente $72 millones, elevando el total a $783 millones para el año contributivo 2025.
“El reglamento propuesto resultaría en un gasto excesivo e inconsistente con el Plan Fiscal certificado”, sostuvo Mujica en la comunicación.
Según las proyecciones del organismo, el incremento inflacionario llevaría la aportación del gobierno de Puerto Rico a un 52% del costo total del programa, rompiendo así el acuerdo original de que la isla asumiría solo el 25% mientras el gobierno federal cubriría el 75%. El gasto estimado triplicaría los $200 millones originalmente asignados al EITC.
La JSF recordó que el crédito, implementado para incentivar la participación laboral y reducir la pobreza, ha demostrado ser efectivo, pero ha excedido las proyecciones presupuestarias. Además, destacó que el Departamento de Hacienda no abordó en su propuesta la necesidad de controlar los costos del programa.
“El crédito por trabajo es una herramienta efectiva, pero su costo ha superado las expectativas del programa”, añadió el documento.
El ente fiscal exhortó al gobierno a revisar el EITC como parte de una reforma contributiva integral, en lugar de aplicar aumentos automáticos por inflación. También señaló que ya había discutido con las ramas Ejecutiva y Legislativa, en reuniones celebradas los días 3 y 10 de junio de 2025, alternativas para contener los gastos del programa.
Finalmente, la JSF aclaró que su análisis se limita al cumplimiento con el Plan Fiscal y no constituye una evaluación legal o de política pública.