La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) urgió a la Cámara de Representantes a no continuar con la aprobación del Proyecto del Senado 127 (PS 127), al concluir que la medida es contraria al Plan de Ajuste de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, al Plan Fiscal certificado y a varias disposiciones de la Ley PROMESA.
En una carta enviada el 5 de noviembre al presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, reiteró las advertencias expresadas en una comunicación previa al Senado el 13 de junio. Según el documento, las enmiendas introducidas por el Senado “no resuelven los problemas fundamentales” de la medida y podrían representar riesgos legales y fiscales para el gobierno.
El PS 127 busca crear la “Ley Especial de Retiro Incentivado y Pensión Justa para Empleados Esenciales”, con el fin de permitir el retiro anticipado de empleados públicos excluidos del acuerdo parcial de implementación de la Ley 80-2020.
La JSF sostiene que el proyecto:
- Viola el Plan de Ajuste de la Deuda, al crear nuevas obligaciones de pensión prohibidas por la sentencia federal que confirmó dicho plan.
- Contradice la estipulación final y orden judicial sobre la Ley 80, al extender beneficios a empleados expresamente excluidos.
- Crea gastos sin identificar fuentes de financiamiento, pues permite llenar las plazas vacantes sin asegurar los ahorros esperados ni establecer mecanismos de control presupuestario.
Advertencia de acción judicial
Mujica enfatizó que la aprobación de medidas con impacto fiscal negativo o sin fuentes de financiamiento claras “es fiscalmente irresponsable y devuelve a Puerto Rico a las prácticas de gasto que llevaron a su quiebra”.
En la carta, la Junta advierte que se reserva el derecho de tomar acciones legales para evitar la aplicación del PS 127, conforme a las secciones 104(k), 108(a) y 204 de PROMESA. “Esperamos que tal acción no sea necesaria”, añadió Mujica.
Trámite legislativo
El Senado aprobó la medida el 14 de octubre de 2025, con enmiendas que permiten a las agencias reemplazar los puestos que queden vacantes tras los retiros. El proyecto fue referido a las comisiones de Sistemas de Retiro y de Hacienda de la Cámara de Representantes.
En su comunicación de junio, la JSF había reconocido el valor del servicio público y la necesidad de atender solicitudes de retiro, pero subrayó que cualquier propuesta de ese tipo debe cumplir con el Plan Fiscal y las órdenes del tribunal federal. “De lo contrario, la legislación impediría o derrotaría los propósitos de PROMESA”, puntualizó Mujica.
De ser aprobada por la Cámara, la medida pasaría a la firma de la gobernadora. Sin embargo, la advertencia