La violencia de género en Puerto Rico no es un fenómeno aislado ni meramente criminal; es el reflejo de estructuras sociales, culturales y económicas profundamente arraigadas. Su persistencia, a pesar de múltiples declaraciones de emergencia y programas gubernamentales, evidencia que el problema exige una respuesta integral y sostenida, capaz de combinar prevención, educación y protección efectiva. En ese contexto, organizaciones como Kilómetros de Cambio representan una oportunidad valiosa para repensar la política pública desde el terreno comunitario.
Kilómetros de Cambio ha demostrado que los movimientos ciudadanos pueden trascender el activismo simbólico para convertirse en plataformas de incidencia social. A través de eventos deportivos, programas educativos y campañas de sensibilización, la organización logra integrar tres dimensiones clave que suelen operar desconectadas en la acción gubernamental: participación ciudadana, educación en equidad de género y bienestar comunitario. Este tipo de modelo debería inspirar al Estado a diseñar mecanismos de colaboración estructurada con las organizaciones de base que ya están generando impacto.
La política pública contra la violencia de género en Puerto Rico enfrenta dos grandes desafíos: la fragmentación institucional y la falta de continuidad. Distintas agencias —desde la Oficina de la Procuradora de las Mujeres hasta los departamentos de Educación, Recreación y Deportes, y Justicia— operan programas con objetivos coincidentes, pero sin un marco común de evaluación, coordinación o integración de recursos.
En ese vacío, iniciativas como Kilómetros de Cambio llenan espacios esenciales de prevención y educación que el gobierno no ha logrado sostener de forma efectiva.
Por ello, el Estado debería considerar un modelo de partenariado intersectorial que formalice la colaboración con organizaciones comunitarias. Esto podría incluir:
- Fondos de cofinanciamiento para proyectos con impacto medible en educación y prevención de la violencia.
- Acuerdos de colaboración municipal y escolar que integren actividades deportivas y comunitarias con contenido educativo sobre equidad de género.
- Evaluación de resultados y métricas compartidas, de modo que las iniciativas ciudadanas contribuyan a indicadores nacionales de reducción de violencia, reincidencia y participación comunitaria.
- Capacitación a servidores públicos y líderes comunitarios mediante alianzas con estas organizaciones, fortaleciendo la capacidad institucional de respuesta temprana.
El valor de Kilómetros de Cambio radica precisamente en su capacidad de conectar lo emocional con lo estructural: logra movilizar voluntades mientras crea conciencia social. Pero para que ese impacto se amplifique, hace falta que el gobierno lo vea no como un gesto simbólico, sino como una pieza estratégica de política pública participativa.
En un país donde las emergencias sociales se atienden con respuestas episódicas, es fundamental consolidar esfuerzos que trasciendan el ciclo de los titulares. La violencia de género requiere una política de Estado sostenida en el tiempo, con recursos permanentes y alianzas estables entre el sector público, el tercer sector y el sector privado. Kilómetros de Cambio demuestra que la ciudadanía está dispuesta a moverse; lo que falta es que las instituciones caminen al mismo paso.
La ruta hacia un Puerto Rico libre de violencia no se mide en kilómetros, sino en la capacidad del Estado de convertir el compromiso social en acción pública. El reto no es únicamente combatir la violencia, sino construir —con todas las manos posibles— una cultura de respeto, equidad y corresponsabilidad.