El gobierno del presidente Donald Trump ordenó este domingo a los estados anular la totalidad de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que fueron distribuidos la semana pasada por orden judicial.
La exigencia surge luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendiera las resoluciones que habían permitido esos pagos, intensificando una batalla legal sobre el programa federal de asistencia alimentaria que beneficia a unos 42 millones de estadounidenses.
La instrucción fue emitida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), luego de que más de dos docenas de estados advirtieran sobre “interrupciones operativas catastróficas” si la administración no reembolsa los fondos ya distribuidos. Los gobiernos estatales alegan que, sin el respaldo financiero federal, se quedarían sin recursos para cubrir los pagos efectuados.
La disputa legal comenzó en noviembre, cuando organizaciones sin fines de lucro y fiscales generales demócratas demandaron al gobierno de Trump para obligarlo a mantener los beneficios del SNAP. Los demandantes obtuvieron fallos favorables la semana pasada, lo que permitió la rápida liberación de ayuda alimentaria a millones de familias en distintos estados.
Sin embargo, antes de que la Corte Suprema suspendiera esas resoluciones, el gobierno federal se había resistido a reembolsar los fondos a los estados. Wisconsin, por ejemplo, acreditó beneficios a las tarjetas de más de 700,000 residentes, pero tras la congelación de sus reembolsos por parte del Tesoro estadounidense, advirtió que podría quedarse sin dinero operativo para el lunes, según informó la administración del gobernador demócrata Tony Evers.
En una carta enviada a los directores estatales del SNAP, Patrick Penn, subsecretario adjunto de Agricultura, notificó que los pagos realizados bajo la orden judicial serían considerados “no autorizados”. “Los estados deben deshacer de inmediato cualquier medida tomada para emitir los beneficios completos del SNAP para noviembre de 2025”, instruyó el funcionario.
La reacción del gobernador Evers fue inmediata y tajante: “No”. El mandatario estatal defendió la legalidad de los pagos realizados bajo una orden judicial vigente, subrayando que el objetivo fue garantizar el acceso a alimentos básicos para casi 700,000 residentes de Wisconsin, incluyendo a 270,000 niños. “La Administración Trump aseguró a Wisconsin y a otros estados que estaban trabajando activamente para implementar los beneficios completos del SNAP y que completarían los procesos necesarios para que los fondos estuvieran disponibles. Hasta la fecha, no lo han hecho”, denunció.
La demanda presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito advierte que los estados podrían enfrentarse a la devolución de cientos de millones de dólares, lo que pondría en riesgo la estabilidad financiera de los programas de asistencia y la capacidad de los gobiernos locales para atender a sus residentes más vulnerables.