El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 968, que propone la creación de la “Ley sobre el uso ético de la inteligencia artificial en instituciones educativas de Puerto Rico”.
La medida busca establecer un marco regulatorio y unas guías uniformes que orienten a las instituciones educativas públicas y privadas en la creación de reglamentos sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Según la legislación, tanto el Departamento de Educación como las instituciones privadas deberán adoptar políticas que incluyan normas éticas sobre el uso de algoritmos y aplicaciones de IA —como Copilot y ChatGPT— y registrarlas ante el Departamento de Estado, conforme a la normativa vigente.
“Esta tecnología de inteligencia artificial es revolucionaria y promete cambios únicos en nuestra vida, pero también conlleva una serie de retos y desafíos que es necesario atender, sobre todo cuando se trata de poblaciones más vulnerables como nuestros niños y jóvenes”, expresó Aponte, quien también preside la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara Baja.
El legislador subrayó que el uso de la IA en entornos educativos debe regirse por principios éticos que protejan la privacidad de los estudiantes, garanticen la equidad y fomenten un aprendizaje responsable. “El aprovechamiento de la inteligencia artificial representa una oportunidad para transformar los procesos de enseñanza, pero debe integrarse dentro de un marco ético robusto que oriente su uso responsable”, añadió.
La propuesta legislativa fue presentada por consenso de los miembros del grupo de trabajo (Task Force) creado por Aponte para delinear una nueva política pública sobre el uso de IA en el sistema educativo.
El grupo está compuesto por representantes del Departamento de Educación, la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, el Departamento de la Familia, la Cámara de Representantes, la Coalición de Inteligencia Artificial de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés).