En lo que va del año 2025, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revisó y aprobó con observaciones al menos 43 contratos y enmiendas del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), sometidos bajo la Ley PROMESA, principalmente por exceder el umbral de $10 millones, formar parte de series contractuales relacionadas, o por decisión discrecional del ente fiscal.
El análisis de las cartas intercambiadas entre la JSF y la agencia revela que esos acuerdos —que en conjunto superan los $895 millones— abarcan proyectos de reconstrucción escolar, sistemas tecnológicos, servicios de seguridad, escuelas alianza, arrendamientos y programas educativos.En todos los casos, la Junta emitió advertencias sobre deficiencias administrativas, expedientes incompletos o riesgos presupuestarios, sin otorgar ninguna aprobación plena.
De los cerca de $895 millones en contratación del Departamento de Educación revisados por la Junta de Supervisión Fiscal en 2025, alrededor del 13 % corresponde a servicios directamente vinculados a los estudiantes, como programas de educación especial, terapias y escuelas alianza. Otros renglones, aunque técnicamente clasificados como servicios de apoyo, inciden de forma inmediata en la experiencia educativa: los contratos tecnológicos —que incluyen plataformas de aprendizaje, sistemas de información y evaluaciones estandarizadas— representan aproximadamente 19 % del total y son clave para el acceso a clases, la medición del aprovechamiento y la gestión escolar. En contraste, la infraestructura y reconstrucción concentra cerca de 26 % del gasto, la seguridad y limpieza otro 17 %, y los arrendamientos y servicios administrativos un 25 %, todos necesarios para la operación institucional pero de impacto indirecto en el aula.
La Sección 204(b)(2) de la Ley PROMESA faculta a la JSF a establecer políticas de revisión previa de contratos “que promuevan la competencia en el mercado y sean consistentes con el plan fiscal certificado”.
Bajo esa disposición, la Junta requiere la presentación de todo contrato o enmienda cuyo valor agregado exceda los $10 millones, y se reserva el derecho de evaluar otros contratos por su impacto fiscal o relevancia.
Este marco convierte al DEPR en una de las agencias con mayor volumen contractual bajo supervisión directa, dada su magnitud presupuestaria y la cantidad de acuerdos que superan ese umbral cada año fiscal.
Entre enero y noviembre de 2025, la JSF emitió más de 40 cartas de aprobación condicionada al DEPR, con un monto agregado cercano a $895 millones.
En cada comunicación, el ente fiscal recordó que su aprobación no sustituye la validación legal ni garantiza el cumplimiento contractual, sino que se limita a certificar su consistencia con el plan fiscal vigente.
Las observaciones más comunes incluyen falta de estimados de costo independientes, omisión de cláusulas federales obligatorias, enmiendas no sometidas y expedientes con documentación incompleta.
La Junta también señaló que varios de los contratos comprometen presupuestos futuros o dependen de fondos federales temporeros, lo que representa un riesgo para la continuidad de las operaciones.
Infraestructura escolar encabeza la lista
El área de infraestructura y reconstrucción concentra la mayor inversión, con al menos 16 contratos que totalizan cerca de $230 millones, financiados principalmente con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y programas del Plan de Rescate Estadounidense – Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ARP-ESSER).
Entre las empresas contratadas se encuentran JJM Construction, Mora Housing, RV Engineering, Class Contractor y Alproem-CJ Quiñones Engineering, responsables de reparaciones y obras en escuelas de municipios como Carolina, Bayamón, Hatillo y Toa Alta.
Las observaciones más frecuentes en este renglón se refieren a errores en los cálculos de costos, ausencia de cláusulas de preferencia doméstica o de prohibición de equipos de telecomunicaciones chinos, y falta de firmas o certificaciones en los expedientes de licitación.
Tecnología: digitalización y contratos multianuales
El segundo renglón de mayor gasto corresponde a tecnología y sistemas de información, con más de $170 millones en acuerdos.
Entre los principales figuran los contratos con PowerSchool Group ($24.6 millones), Microsoft Caribbean ($16.3 millones), Truenorth Corporation (más de $25 millones), Puerto Rico Telephone Company–Claro ($88 millones) y Pearson PEM ($17.7 millones) para las pruebas estandarizadas CRECE.
La JSF advirtió que varias enmiendas no habían sido sometidas previamente a revisión y que algunos contratos fueron aprobados bajo compras excepcionales sin competencia abierta, lo que limita la transparencia. También subrayó que varios de estos acuerdos son multianuales y podrían comprometer fondos más allá del año fiscal 2026.
Escuelas alianza y fondos federales
El DEPR también firmó o enmendó al menos ocho contratos con escuelas alianza (charter schools), con un monto total que supera los $90 millones.
Entre los operadores figuran LEAP Social Enterprise, Paradiso College Prep, Boys & Girls Club de Puerto Rico (Vimenti), COSEY y la Alianza para la Educación Alternativa.Los contratos, financiados mayormente con fondos federales del Schoolwide Program, se extienden hasta 2030.
La Junta requirió certificaciones presupuestarias antes del 30 de septiembre y pidió monitorear matrícula, desempeño y costo por estudiante, que oscila entre $7,000 y $9,000 anuales.
Seguridad, limpieza y arrendamientos institucionales
Los contratos de servicios de seguridad, limpieza y arrendamientos suman alrededor de $160 millones.
La empresa Genesis Security Services es el mayor contratista individual del Departamento, con más de $61 millones en acuerdos activos.
La JSF destacó la necesidad de justificar los gastos y someter los contratos a evaluación antes de cualquier renovación o enmienda.
Por su parte, Mangual’s Office Cleaning Services y Xpert’s LLC acumulan cerca de $39 millones para mantenimiento y desinfección de escuelas, mientras los arrendamientos con Desarrollos Inmobiliarios de Hato Tejas LLC y PRIDCO superan los $20 millones en alquiler de oficinas y almacenes del DEPR, algunos con vigencia hasta 2030.
Educación especial y adiestramientos docentes
En el área de servicios educativos, la JSF revisó contratos con Gersh International y LS Innovative Education Center, por unos $23 millones, destinados a terapias y programas de educación especial.
En ambos casos, el organismo señaló que cuatro enmiendas anteriores no se habían sometido a su revisión, incumpliendo la política vigente.
Asimismo, se aprobaron adiestramientos docentes con empresas como Forward Learning e Ikon Solutions, financiados con fondos ESSER, aunque con observaciones sobre control presupuestario y fragmentación de servicios.
El contrato del síndico sigue vigente
El panorama contractual del Departamento se desarrolla mientras la agencia continúa bajo la supervisión de la firma Álvarez & Marsal Public Sector Services, designada como síndico o monitor fiscal de los fondos federales.
Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicado en abril de 2025 señaló que el contrato de la sindicatura permanece vigente desde 2021 y coincide con un aumento del gasto contractual del Departamento, que en ese periodo superó los $6,600 millones. La JSF ha reiterado en varias cartas que la presencia del síndico no exime a la agencia de cumplir con las políticas de revisión y control presupuestario.
A lo largo de todo el año, ningún contrato del Departamento de Educación fue aprobado sin observaciones. Las deficiencias administrativas —como expedientes incompletos, certificaciones ausentes o enmiendas sin notificar— se repiten sin distinción de tipo de gasto o fuente de fondos.
El ente fiscal ha exhortado reiteradamente a Educación a fortalecer sus controles internos y la planificación de sus compras y contrataciones.
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