El colectivo Centro de Pensamiento para la Acción Plan B: Independencia denunció este lunes un presunto “proceso de remilitarización encubierta” en Puerto Rico, impulsado— según la organización— por la gobernadora, Jenniffer González Colón, en conjunto con el excandidato a la comisaría residente en Washington D.C., Elmer Román.
Lee también | Directora de PRFAA dice gobierno federal podría reabrir en o antes del miércoles
De acuerdo con el grupo, el capitán de la Marina de los Estados Unidos, quien actualmente funge como Assistant Secretary of the Navy for Energy, Installations and Environment (ASN [E I & E]), tiene bajo su cargo la supuesta “planificación y administración de instalaciones navales y energéticas, así como la coordinación de proyectos ambientales e infraestructura militar” en los territorios estadounidenses, incluyendo a Puerto Rico.
“Bajo la dirección de la gobernadora González Colón y del capitán Román, se han canalizado cientos de millones de dólares en obras e instalaciones cuya naturaleza, propósito y ubicación no han sido divulgados públicamente. Estos proyectos se realizan sin transparencia, sin evaluación ciudadana y sin cumplimiento conocido con los procesos de permisos ambientales, locales o federales que exige la ley. Puerto Rico está siendo transformado en una plataforma estratégica de operaciones militares sin consulta ni consentimiento del pueblo“, detallaron mediante un comunicado de prensa.
El abogado y portavoz de Plan B, Rolando Emmanuelli Jiménez, declaró que el uso de la posición de Román en la Marina para promover proyectos que— según dijo— “degradan y empobrecen al pueblo de Puerto Rico”, debe ser “denunciado y censurado”.
Por su parte, el profesor Javier A. Hernández, coautor del Plan Nacional de Desarrollo Económico para una Puerto Rico Soberana, afirmó que “cada expansión militar se ha hecho sin rendición de cuentas ni respeto por la protección ambiental ni la jurisdicción del país”.
Las declaraciones escritas de la organización también citan estudios del economista José Caraballo Cueto, del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (CED), que señalan que los municipios donde existieron bases militares no mostraron un crecimiento económico sostenido tras la presencia militar.
“La narrativa de que la remilitarización de Puerto Rico traerá crecimiento económico constituye una falacia repetida desde los tiempos de la Guerra Fría. La historia ha demostrado que la presencia militar no genera prosperidad, sino dependencia, violencia, prostitución, contaminación y desigualdad. Detrás del discurso de “inversión y seguridad” se oculta el verdadero propósito político: mantener a Puerto Rico atado a los Estados Unidos ante el rechazo abierto del Partido Republicano, del movimiento MAGA y del propio Donald J. Trump a la estadidad”, afirmaron.
Continuaron: “Es decir, ante la negativa del presidente Trump y de los republicanos de apoyar la estadidad, ¿están la gobernadora y el Sr. Román implementando un subterfugio estadista (ignorando la política pública de Trump) bajo el lema de la ´remilitarización´? ¿El presidente Trump sabrá que ellos están empujando un plan estadista (no autorizado por Trump) disfrazado de ´apoyo militar´ con los fondos federales del propio Pentágono? Se preguntarán los oficiales estadounidenses, ¿por qué dejamos a un activista PNP a cargo de nuestros fondos federales y ahora está usando tales fondos para adelantar su propia causa política pro-anexión y en contra de la política del presidente Trump?“.
La organización además exigió a la mandataria y a su compañero de papeleta divulgar “todos los contratos, presupuestos, estudios de impacto ambiental y permisos relacionados con las obras que están ejecutando bajo la jurisdicción del Departamento de la Marina en Puerto Rico”.
“El pueblo tiene derecho a saber qué se está construyendo, con qué fondos y con qué impacto ambiental. ¿El capitán Román recibe ordenes de la gobernadora en cuanto a este plan de remilitarización? ¿Han utilizado sistemas gubernamentales y públicos para comunicarse para adelantar este plan? No aceptaremos que se continúe hipotecando nuestro territorio ni destruyendo nuestro entorno bajo la excusa de proyectos federales. Puerto Rico exige transparencia, soberanía y respeto a sus leyes“, sostuvieron.
Finalmente, Plan B señaló el impacto ambiental de actividades militares pasadas en Puerto Rico, citando informes oficiales de la Marina y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos (2024), que habrían documentado contaminación por metales pesados y municiones en antiguos terrenos bélicos.
“La gobernadora González Colón y el capitán Román están alarmados ante el éxito de los independentistas en Washington, DC y el crecimiento del apoyo a la soberanía e independencia de Puerto Rico que junto a su incapacidad de alcanzar la culminación del coloniaje que representa la estadidad, recurren al militarismo como el último salvavidas con el cual salvar la falacia de la estadidad. En realidad, estos proyectos no buscan resolver la crisis económica ni promover bienestar, sino afianzar la presencia federal en la Isla como un bastión estratégico, cuando la anexión ha sido descartada por quienes controlan el poder en Washington y para frenar el crecimiento del independentismo”, agregaron.