Un estudio técnico preparado por el economista Vicente Feliciano y su firma Business Advantage concluyó que Puerto Rico cuenta con suficientes fuentes de recaudo para eliminar el impuesto al inventario sin imponer nuevos gravámenes ni afectar la estabilidad fiscal de los municipios.
El análisis, comisionado por la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET), calcula que existen alternativas que podrían generar hasta $757 millones en ingresos para 2028, cifra que supera ampliamente los cerca de $319 millones que hoy generan los impuestos al inventario para los municipios.
La propuesta surge en momentos en que el Proyecto de la Cámara 420 mantiene congelado el impuesto por tres años y obliga a identificar mecanismos de sustitución antes de 2027, un proceso que ha reavivado el debate entre alcaldes, el sector privado y la Rama Ejecutiva.
Seis vías principales de sustitución
El estudio agrupa las alternativas disponibles en seis categorías, muchas de ellas ya aprobadas por ley o en proceso legislativo. Entre las más robustas figura el alivio en las aportaciones municipales al Medicaid (ASES), resultado del aumento temporero en la aportación federal. Esta reducción proyectada permitiría liberar alrededor de $77 millones para los municipios.
Otra alternativa significativa es el reembolso del Fondo de Redención Estatal. Actualmente, los municipios aportan un 1.03% de la tasa contributiva al gobierno central para el pago de bonos. Revertir esa partida representaría $138 millones adicionales.
El informe también destaca el impacto de la reciente enmienda a la Ley 60, que fija una contribución del 4% sobre intereses, dividendos y ganancias de capital para nuevos decretos. El análisis de Business Advantage proyecta que esta medida podría generar $123 millones en 2028, considerando el crecimiento acumulado de los decretos vigentes.
A esto se suma el potencial del “room tax”. Si se congela en $142 millones la asignación que retiene el gobierno central y se transfieren a los municipios los ingresos excedentes, los ayuntamientos podrían recibir unos $31 millones, según las proyecciones de crecimiento de la industria turística.
El estudio incluye además las propuestas legislativas presentadas por la Federación de Alcaldes, que aportarían cerca de $11 millones, junto con dos fuentes adicionales catalogadas como “windfalls”: el aumento permanente al reembolso federal del arbitrio al ron, con un impacto estimado de $94 millones, y los ingresos por aranceles depositados en el Puerto Rico Trust Fund, que podrían rondar los $216 millones debido al alza en las tasas efectivas de importación.
En conjunto, estas alternativas totalizan $757 millones, más del doble de lo que actualmente produce el impuesto al inventario. El estudio destaca que no es necesario adoptar todas las medidas, sino escoger una combinación que garantice estabilidad fiscal municipal y que permita eliminar de manera ordenada un impuesto que el sector privado considera regresivo y perjudicial para la competitividad.
El sector privado presiona por acción del Ejecutivo
En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón, las principales organizaciones del sector productivo señalaron que el análisis evidencia la existencia de alternativas fiscales viables, responsables y suficientes para eliminar el impuesto sin generar nuevas cargas para comerciantes ni consumidores. También advirtieron que sustituir el impuesto mediante una contribución al momento de la venta, como se ha planteado en el Senado, podría representar aumentos de hasta un 10% en los precios al consumidor y multiplicar por nueve la carga contributiva sobre los comercios.
Las organizaciones insistieron en que la eliminación del impuesto al inventario debe integrarse a la reforma contributiva que se discute y pidieron que no se detenga el impulso logrado en los últimos años para resolver este problema estructural.
El estudio plantea que la discusión no debe centrarse en si existen alternativas, sino en cuáles se seleccionarán y bajo qué fórmula se distribuirán para atender las desigualdades fiscales entre los 78 municipios. También recomienda utilizar un índice de vulnerabilidad socioeconómica para asegurar una distribución justa y proporcional de los fondos.