El comisionado de la Policía, Joseph González, negó que la Uniformada sirva como centro de operaciones para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Sin embargo, el subdirector de esa agencia federal en Puerto Rico, Yariel Ramos, confirmó que sus agentes utilizaron el cuartel de Río Piedras para manejar detenidos durante el operativo realizado el sábado en la barriada Capetillo.
La intervención provocó denuncias de uso excesivo de fuerza y perfilamiento racial contra personas dominicanas, luego de que circulara un video donde un hombre sometido en el suelo es rodeado por agentes federales y una mujer embarazada es empujada durante el arresto.
Denuncia de la comunidad dominicana
El presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, acusó a las autoridades de utilizar el cuartel como base de operaciones migratorias y de intervenir selectivamente con dominicanos sin historial criminal.
“Nos preocupa que el cuartel se esté usando como campo de acción y que desde allí salgan a arrestar personas. No hay un acuerdo firmado entre la Policía e ICE, y la Reforma prohíbe que la Policía actúe como agente migratorio”, señaló.
Rodríguez adelantó que trabajan con la ACLU Puerto Rico para evaluar una demanda civil, recordando que casos similares en Estados Unidos han terminado con indemnizaciones millonarias. Sin embargo, ayer tarde la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, aclaró que, actualmente, la organización no representa a ninguna persona en casos relacionados con intervenciones violentas en redadas migratorias realizadas en la Isla.
“La ACLU de Puerto Rico no representa, en la actualidad, a ninguna persona demandante en un caso por violaciones de derechos civiles como resultado de las intervenciones violentas de los agentes de ICE y HSI”, puntualizó la licenciada mediante declaraciones escritas.
“Sin embargo, nuestra organización se encuentra activa en la vigilancia sobre este asunto y defenderá, en el foro que sea necesario, los derechos civiles de personas afectadas”, agregó.
Asimismo, condenó la intervención federal en la comunidad Capetillo, en Río Piedras, ocurrida durante la noche del pasado sábado, señalando que este tipo de operaciones son parte de un patrón de abusos sistemáticos perpetrados por estas agencias tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos.
“Ante estos abusos, reiteramos el llamado a la comunidad puertorriqueña a defender la dignidad del ser humano y los derechos fundamentales que cobijan a todas las personas, incluyendo a nuestras hermanas y hermanos inmigrantes, que son parte de nuestra comunidad y que lo han sido históricamente“, sostuvo.
Policía lo niega
El jefe de la Uniformada rechazó categóricamente que el cuartel de Río Piedras funcione como base para redadas migratorias.
“No creo que se pueda alegar que los cuarteles sean usados como centros de operaciones de agentes federales. Eso lo niego”, afirmó.
Según explicó, los agentes de inmigración entraron al cuartel únicamente para “mover un detenido entre vehículos” y para pedir apoyo porque el expediente electrónico de la persona intervenida todavía figuraba dentro del sistema de la Policía.
“La Policía coopera con agencias federales en asuntos criminales, no en operativos migratorios”, insistió.
ICE admite que usó el cuartel
Sin embargo, el subdirector de ICE, Yariel Ramos, confirmó que agentes federales sí ingresaron al cuartel durante el operativo y defendió el uso de fuerza en la intervención.
“Los agentes fueron atacados violentamente. Había una mujer embarazada que agrede a la agente federal y, para crear espacio, se le empuja. El detenido continuó resistiéndose al arresto y varias personas, incluida ella, atacaron a los agentes”, relató.
Ramos también negó que ICE esté realizando “cacerías” selectivas en comunidades dominicanas.
“Rechazamos esas imputaciones. La mayoría de nuestras intervenciones responden a confidencias. Hemos recibido más de mil confidencias sobre personas con estatus migratorio no definido”, indicó.
Según ICE, hasta la fecha han intervenido con 1,384 personas en la isla. El 64% son de nacionalidad dominicana, pero también se han detenido personas de Cuba, China y otros países.
El Comité Dominicano confirmó que ya facilitó contacto entre familiares de los detenidos y la ACLU, tomando como referencia un caso de Nueva York donde 674 inmigrantes lograron un acuerdo de $112 millones en compensación por arrestos abusivos.