En el último día de aprobación de medidas, la Cámara de Representantes volvió a demostrar cuán frágiles pueden ser los derechos cuando se legisla de espaldas al país. En una sola sesión, mediante descargue —sin vistas públicas, análisis técnico ni participación ciudadana— se aprobaron dos proyectos que impactan directamente la vida y autonomía de las mujeres en Puerto Rico: los Proyectos del Senado 3 y 504.
Sin respaldo de un consenso científico, ambas medidas parten de la premisa de que la vida y la personalidad jurídica comienzan desde la concepción, imponiendo así visiones de carácter religioso sobre una población con creencias diversas.
El Proyecto del Senado 504 propone un cambio radical al sustituir el principio histórico de que la personalidad jurídica comienza al nacer. Esta enmienda afecta derechos humanos y constitucionales de las mujeres y personas gestantes. Libertades fundamentales como la autonomía corporal, la privacidad y el acceso a tratamientos médicos quedarían sujetas a interpretaciones ambiguas y a potencial conflicto con los “derechos” del feto. Esto plantea interrogantes urgentes: ¿qué ocurre con una mujer cuyo embarazo no es viable o con quien requiere un tratamiento inmediato que podría afectar la gestación?
El Proyecto del Senado 3 va aún más lejos al redefinir la pérdida de un embarazo, en cualquier etapa, como asesinato en primer grado. Aunque menciona excepciones para “abortos legales”, al reconocer personalidad jurídica desde la concepción crea un terreno altamente riesgoso. La experiencia en jurisdicciones con leyes similares es clara: mujeres investigadas, acusadas o encarceladas por pérdidas espontáneas o eventos biológicos fuera de su control. Desde la salud pública y el derecho, estas medidas no protegen vida alguna; más bien, ponen en riesgo la vida y el bienestar de miles de niñas y mujeres. Ignoran el consenso médico y jurídico internacional, que advierte sobre los efectos devastadores de criminalizar el embarazo o reconocer personalidad jurídica desde la concepción, especialmente entre mujeres pobres, jóvenes y de minorías religiosas.
Insistir en esta legislación no es protección, sino control. Puerto Rico merece políticas públicas basadas en evidencia, derechos humanos y dignidad.