La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público hizo hoy un llamado urgente a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, para que vetara el Proyecto del Senado 63 al señalarlo como un retroceso en el derecho del pueblo a la información pública y en las garantías de transparencia que sostienen los procesos democráticos en el país.
José Rivera Santana, planificador y portavoz de la Comisión, expresó que “le estamos solicitando a la Gobernadora vetar el P del S 63, que pone en jaque la transparencia y el derecho del pueblo a la información pública”.
Afirmó que el proyecto representó “un grave retroceso en el acceso y en el conocimiento de lo que se hace y de cómo se toman las decisiones y se manejan los recursos públicos”.
Rivera Santana detalló que la medida, aprobada para enmendar la Ley de Transparencia, triplicó los plazos de respuesta de las agencias, concedió poder de veto a jefes de agencia y añadió nuevas barreras burocráticas para solicitar datos públicos. Indicó además que la versión final aprobada en Comité de Conferencia agravó el texto original evaluado en las vistas públicas.
Según el portavoz, las enmiendas aprobadas extendieron hasta 50 días laborables el tiempo que una agencia podía tomar para entregar información pública. Añadió que ese cambio colocaría a Puerto Rico con algunos de los procedimientos más lentos para obtener datos públicos.
Enfatizó que “las enmiendas aprobadas extienden hasta 50 días laborables el tiempo que una agencia puede tomar para entregar información pública, un cambio que pondría a Puerto Rico como uno de los países con los peores procedimientos para el acceso a información pública”.
Añadió que ese marco complicaría la capacidad de prensa y ciudadanía para conocer cómo se tomaban decisiones y cómo se manejaban recursos públicos. Ademas, dijo que la medida no respondió a datos que demostraran una necesidad real y que “parece más bien un castigo para la prensa y las comunidades que solicitan información”.
De igual forma, el asesor legal de la Comisión, Juan José Jiménez Lazardi, sostuvo que la propuesta no figuró en el plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista y que representó un retroceso frente a la política pública de transparencia establecida por el propio partido en 2019 mediante la Ley 141. Recordó que la Comisión sometió solicitudes de información a 22 agencias gubernamentales, incluidas dependencias con bonos en circulación y otras ya inactivas.
Indicó que el organismo acudió a los tribunales en siete ocasiones para obtener acceso a datos mediante dos recursos de mandamus y cuatro recursos especiales de acceso a información radicados bajo la Ley 141 que el Proyecto del Senado 63 modificó.
“Le pedimos a la Gobernadora que vete el proyecto y que defienda el derecho de todos y todas a saber cómo se toman las decisiones y se administran los fondos públicos” dijo Jiménez Lazardi.