El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, junto a las portavoces legislativas María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, reclamó el jueves que la gobernadora Jenniffer González Colón y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, exijan la revocación de toda autorización que permita la disposición de municiones o cualquier actividad militar en Vieques que no esté directamente relacionada con las labores de limpieza a cargo del gobierno de los Estados Unidos.
Los dirigentes independentistas señalaron que la denuncia surge tras trascender que en enero de este año se concedió un permiso para utilizar a Vieques como lugar de detonación de explosivos adicionales a los que permanecen en la isla municipio como vestigio de décadas de prácticas militares con bala viva.
En declaraciones escritas, expresaron que “es obligación del gobierno de Puerto Rico actuar con la mayor transparencia ante nuestro país y con la mayor firmeza ante el gobierno de los Estados Unidos. Es inaceptable el que, a la injuria del incumplimiento de la Marina de Estados Unidos con su obligación de reparar los grandes daños ambientales que provocaron sesenta años de bombardeo en Vieques, se haya sumado la intención de utilizar la isla como vertedero militar. Más indignante es aún que, conociendo el gran sacrificio colectivo de la lucha por la paz en Vieques, esta administración asuma pasivamente esa ofensa”.
Los líderes del PIP añadieron que, según las declaraciones del alcalde de Vieques, José Corcino, “ni siquiera estuvo al tanto de la posibilidad de detonaciones ajenas al proceso de disponer de las municiones que ya por décadas han permanecido en el antiguo polígono”, lo que consideraron un acto de menosprecio hacia la voluntad del pueblo viequense y del país, expresada —recordaron— en una amplia jornada de desobediencia civil que unió a sectores diversos dispuestos a enfrentar cárcel para detener los bombardeos.
También manifestaron preocupación ante la información de que en Salinas se realizan prácticas que, al igual que en zonas cercanas a la antigua base de Roosevelt Roads, conllevan la restricción del espacio aéreo. Señalaron que la gobernadora ha indicado esperar una presentación de la Guardia Nacional sobre dichos ejercicios.
Los portavoces del PIP subrayaron que estas situaciones forman parte de lo que describieron como una escalada de presencia militar en Puerto Rico, que —afirmaron— ha incluido la llegada de aviones caza, desembarcos en la playa de Arroyo y actividades en el aeropuerto de Ceiba.