La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió deficiencias significativas en los procesos de contratación de las entidades públicas que están fuera de la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales (ASG), según su más reciente informe sobre las prácticas competitivas del Gobierno de Puerto Rico.
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La evaluación destacó falta de reglas claras, controles débiles y un alto grado de discreción en instituciones excluidas del marco de la Ley 73-2019, entre ellas la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El documento contrastó estos señalamientos con los procesos que sí se rigen bajo ASG, pero subrayó que las brechas más preocupantes ocurren en áreas donde no aplica la regulación uniforme. El informe indicó que la ausencia de un marco común en la contratación de servicios profesionales y la autonomía operacional de entidades exentas han creado espacios de riesgo y de poca trazabilidad.
Antes de comentar sobre los hallazgos, la administradora de ASG, Karla Mercado Rivera, recordó que la UPR, aunque goza de autonomía, originalmente estaba sujeta a adoptar parámetros uniformes bajo la Ley 73.
Según explicó, el que se permitiera su exclusión bajo la pasada administración ha generado procesos sin controles robustos. “La UPR debía adoptar parámetros uniformes, pero bajo la pasada administración la propia Junta avaló que quedaran fuera del marco regulatorio. Hoy vemos las consecuencias de excluir a una institución de ese alcance con ausencia de reglas claras, controles débiles y procesos a discreción”, puntualizó.
Los señalamientos también se extiendieron a la contratación de servicios profesionales, un renglón donde, según ASG, existen procesos competitivos, pero no necesariamente regulados de manera uniforme. Mercado Rivera insistió en que la falla principal no es la competencia entre proponentes, sino la falta de normativa clara y de sistemas tecnológicos confiables que permitan fiscalización efectiva.
“Un proceso competitivo, sin reglas uniformes, ni sistemas de información confiables que lo ejecuten, no garantiza transparencia. Competir sin marco normativo y sin el uso adecuado y bien implementado de la tecnología solo deja espacio para controversias. El verdadero control está en regular con claridad, uniformidad y supervisión”, afirmó.
La funcionaria sostuvo que los resultados evidencian la importancia de la uniformidad en la regulación pública.
“Los procesos regidos por la Ley 73-2019 han demostrado que cuando hay uniformidad, tecnología y control, el sistema funciona. No es competir por competir; es contratar dentro de un marco fiscalizable que elimine ambigüedades y responsabilidades difusas”, señaló.
De cara a los hallazgos del informe, Mercado Rivera insistió en que el rigor en los controles no puede aplicarse solo a una parte del gobierno.
“Si queremos elevar los controles del gobierno, el rigor no puede ser selectivo. No puede haber dos estándares: uno para ASG y otro para el resto de Puerto Rico. La integridad de los procesos públicos exige uniformidad para todos”, concluyó.