La decisión del Gobierno de República Dominicana de permitir que aeronaves de Estados Unidos operen temporalmente desde la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas responde a un acuerdo logístico, sustentado estrictamente en el marco jurídico bilateral vigente, reportaron medios dominicanos.
Según fuentes oficiales consultadas por Diario Libre, la autorización —que se extenderá hasta abril de 2026— se limita a labores de reabastecimiento, transporte y apoyo técnico dentro de misiones regionales de interdicción antidrogas.
Las autoridades precisaron al medio que solo participarán aviones cisterna y aeronaves de carga militar, sin capacidad ofensiva, y que no existe permiso alguno para ejecutar operaciones bélicas, ataques preventivos o despliegues de combate desde territorio dominicano. De igual forma, el personal estadounidense será estrictamente técnico: tripulaciones, mecánicos, especialistas de mantenimiento y seguridad aeronáutica.
El Gobierno insistió en que la República Dominicana mantiene control absoluto de su espacio aéreo y de sus instalaciones, y que cada movimiento deberá ser previamente notificado en cumplimiento de los artículos 8 bis y 8 ter del Acuerdo de 1995 y su Protocolo de 2003. Este último, en su párrafo 19 ter.d, permite el aterrizaje y permanencia temporal de aeronaves estadounidenses para fines logísticos, bajo supervisión dominicana.
De acuerdo con funcionarios involucrados, la autorización firmada esta semana fue producto de negociaciones diplomáticas prolongadas en las que la parte dominicana insistió en tres garantías:
- respeto estricto a la Constitución y las leyes nacionales,
- apego al marco bilateral del 95 y 03,
- salvaguarda del interés nacional ante un entorno regional volátil.
Ese nivel de detalle —agregaron— explica las restricciones operativas impuestas y la estructura de supervisión acordada.
Desde el Gobierno se ha subrayado que la medida no implica un cambio en la política exterior, ni compromete al país en conflictos internacionales, reiterando que la cooperación es no combatiente, limitada y de carácter transitorio.
Reacciones políticas: críticas por soberanía y constitucionalidad
La decisión ha generado rechazo en sectores opositores, según reseñó Listín Diario. De acuerdo con el medio, dirigentes de Alianza País, Frente Amplio y Fuerza del Pueblo cuestionaron la constitucionalidad del permiso y advirtieron que podría comprometer la soberanía dominicana.
El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, señaló que la autorización viola principios constitucionales y advirtió que podría “facilitar operaciones militares contra países hermanos”, en referencia a Venezuela y Colombia, según citó Listín Diario.
Por su parte, el Frente Amplio calificó el acuerdo como una “nueva claudicación” ante intereses militares estadounidenses y recordó fallos del Tribunal Constitucional que establecen límites estrictos a la presencia de fuerzas extranjeras en territorio dominicano.
El dirigente de Fuerza del Pueblo, Rafael Méndez, sostuvo —de acuerdo con Listín Diario— que la medida convierte al país en “cabeza de playa para operaciones militares extranjeras” y exhortó a la ciudadanía a oponerse a lo que describió como “una cesión de soberanía”.
El permiso permanecerá vigente hasta abril y será supervisado por las autoridades competentes, que deberán aprobar cada movimiento y mantener control sobre la ejecución de las operaciones logísticas.