La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y la ACLU de Puerto Rico presentaron un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en el caso Ínaru Nadia de la Fuente Díaz v. Jenniffer A. González Colón.
Según se indicó mediante un comunicado, el recurso como amigo de la corte, se presenta con la intención de apoyar a las personas demandantes que impugnan la política del gobierno que les impide obtener certificados de nacimiento que reflejen una marca de género “X” para personas no binarias.
Actualmente, el gobierno restringe el marcador de género en los certificados de nacimiento únicamente a “M” o “F”, en referencia al binario “masculino” y “femenino”, pero se niega a ofrecer la opción “X”, aun cuando la persona cuenta con otros documentos o certificaciones médicas que reconocen su identidad de género no binaria.
El Tribunal de Distrito de Puerto Rico determinó que esta política viola el derecho a igual protección de las leyes, aunque aplicó el estándar más liviano de revisión (rational basis). El amicus presentado por la ACLU y su Capítulo de Puerto Rico solicita al Primer Circuito que afirme la decisión, dejando claro que esta política debe evaluarse bajo un escrutinio más riguroso por basarse en la identidad trans de las personas afectadas.
“En Puerto Rico, todas las personas tienen derecho a que el gobierno respete quiénes son y a vivir sin miedo a la discriminación. Negarse a reconocer en los certificados de nacimiento la identidad de género de las personas no binarias no es un simple detalle administrativo, es una forma de borrar su existencia y de exponerlas a más violencia y exclusión”, expresó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
El escrito explica que las personas no binarias son un subgrupo de las personas transgénero, pues su identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Al excluir específicamente a quienes tienen una identidad no binaria de la posibilidad de obtener documentos precisos, el Gobierno las somete a un trato desigual que tiene consecuencias reales en su vida cotidiana, desde la escuela o el trabajo hasta el acceso a servicios básicos y la interacción diaria con agencias gubernamentales.
“Cuando el Estado discrimina contra personas trans y no binarias, la Constitución exige un escrutinio más estricto y una protección robusta de sus derechos”, argumentó Arraiza Navas.
La ACLU y la ACLU de Puerto Rico señalaron que la política del gobierno activa al menos un escrutinio intermedio de mayor rigor porque se discrimina contra un grupo históricamente marginado –las personas trans, incluyendo las no binarias– que ha sufrido décadas de leyes y políticas que las criminalizan, les niegan empleo y vivienda, limitan su derecho a la familia y las excluyen de espacios públicos.
El amicus detalla cómo esa trayectoria de discriminación -unida al hecho de que la condición trans no tiene relación alguna con la capacidad de contribuir a la sociedad y a que las personas trans constituyen una minoría con poco poder político-, cumple con todos los criterios que el Tribunal Supremo ha utilizado para reconocer clasificaciones cuasi sospechosas bajo la Cláusula de Igual Protección de las Leyes.
El escrito subraya, además, que ofrecer una marca “X” no es un privilegio especial, sino la única vía real para que las personas no binarias cuenten con documentos de identidad veraces, de la misma manera que permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo fue la única vía real de acceso igualitario al matrimonio. La ACLU y la ACLU de Puerto Rico argumentaron que impedir que las personas no binarias corrijan su certificado de nacimiento perpetúa un sistema de documentación oficial que sólo reconoce como válidas ciertas identidades, mientras excluye y estigmatiza a quienes no encajan en categorías binarias.