La tragedia reciente ocurrida en Canóvanas —en la que murieron Angélica Bermúdez Lebrón, de 42 años; su hijo, de 12; y otro menor, de 14, mientras realizaban una colecta deportiva— volvió a encender alarmas sobre la seguridad de los jóvenes que recaudan fondos en semáforos.
El tema llegó a la Junta Editorial de Metro a partir de una observación de la artista Young Miko, editora invitada de esta edición especial, quien relató que, en días recientes, vio a jugadoras del voleibol juvenil “paradas en la luz, con camisetas de Puerto Rico, recogiendo chavos para viajar a la Concacaf”, y cuestionó por qué continúan estas prácticas. De hecho, se preguntó por qué las federaciones deportivas no apoyan más el deporte infantil para evitar estas prácticas de riesgo.
Lo cierto es que, en Puerto Rico, hay regulaciones, pero aunque tipifican el uso de menores en colectas sin autorización, no definen cómo se supervisan ni quién fiscaliza, lo que deriva en una aplicación desigual entre municipios.
Un marco legal que prohíbe, permite y, a la vez, deja vacíos
En 2014, la derogada Ley 162 prohibía el uso de menores para pedir dinero en intersecciones, reconociendo la práctica como un riesgo a la seguridad. Aunque esta ley ya no está vigente, su espíritu quedó recogido en la Ley 57 de 2023, que establece, en su Artículo 53(g), que cualquier adulto que utilice a un menor, para realizar colectas o ventas en vías públicas sin autorización municipal o de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, incurre en un delito menos grave.
Sin embargo, la ley no detalla cómo debe manejarse la actividad después de otorgar el permiso, ni qué entidades son responsables de supervisarla.
Esa laguna hace que cada municipio lo maneje de forma distinta. El Departamento de Recreación y Deportes declaró, a Metro, que no tiene jurisdicción sobre las colectas en carreteras y que la responsabilidad recae “sobre la Comisión de Seguridad en el Tránsito, así como en los municipios”.
Cada municipio tiene su libro
El alcalde de Dorado, Aníbal José Torres, fue tajante: “En Dorado, está prohibido; por ordenanza municipal no se permite”.
Recordó además que, como autor de la derogada Ley 162, impulsó esa prohibición ante el aumento de menores expuestos en intersecciones. “Estaban utilizando muchas niñas en uniformes de voleibol […] se estaba exponiendo demasiado estas”, afirmó.
Otros exalcaldes describieron, durante una participación en el programa de televisión Jugando Pelota Dura, enfoques más flexibles.
Desde Isabela, Charlie Delgado explicó que la práctica sigue ocurriendo y que, aunque trataban de detenerla, no siempre podían intervenir, sobre todo cuando las colectas se realizaban en carreteras estatales.
Por su parte, el exalcalde de San Sebastián Javier Jiménez detalló un modelo más estructurado, en el que solo se permitía una colecta al mes en áreas de poco tránsito, como medida para reducir riesgos.
Mientras, para el exalcalde de San Juan Jorge Santini, el riesgo nunca desaparece, aun con permisos o protocolos.
“Lo ideal es prohibirlo por completo”, sostuvo, señalando que ningún control puede evitar a un conductor ebrio, distraído o a exceso de velocidad.
El alcalde de Dorado coincidió en que la ley debe enmendarse porque “no deben existir menores pidiendo dinero en las vías públicas”.
Una falla más profunda: el financiamiento del deporte juvenil
El analista y exlegislador Jorge Colberg planteó que el problema excede la discusión legal y se relaciona directamente con la falta de política pública para financiar ligas infantiles.
“Los niños no tienen ninguna necesidad de estar en las luces”, subrayó.
A su juicio, el Estado tiene recursos para sostener ligas deportivas y actividades recreativas sin depender de recaudaciones hechas por menores en intersecciones. “Si el gobierno, los alcaldes y el sector no gubernamental se organizan, no es tan complicado”, afirmó.
La inquietud que trajo Young Miko a la mesa
La artista describió que ve con frecuencia a equipos jóvenes —incluyendo grupos femeninos— pidiendo dinero en semáforos para poder representar al país en torneos internacionales. “Los veo en la luz del mediodía, en camisetas que dicen ‘Puerto Rico’. Y están ahí, con la bandera y con la sombrilla para que no se deshidraten”, detalló la añasqueña.
Su observación refleja un problema que, aunque recurrente, el país no ha resuelto: la necesidad económica empuja a menores hacia prácticas que la ley penaliza, pero que en la práctica nadie regula de forma uniforme.