Por: Centro de Periodismo Investigativo
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) ha otorgado este año casi un $1 millón en contratos de relaciones públicas, publicidad y comunicaciones a algunos de los colaboradores más cercanos de la gobernadora, Jenniffer González Colón, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El publicista Carlos Bermúdez, la consultora en comunicaciones Yolanda Rosaly, el asesor Michael Ayala Carrión y la agencia de publicidad que trabajó su campaña a la gobernación, Veintinueve de Febrero, obtuvieron contratos este año con la AAFAF, la entidad que dirige el también secretario de la Gobernación y ex director de campaña Francisco Domenech.
No es la primera vez que esto ocurre. Los últimos tres cuatrienios del Partido Nuevo Progresista han dado contratos, por medio de la AAFAF, a las compañías que corrieron las campañas políticas. Ocurrió con KOI, la compañía de publicidad de Edwin Miranda, cuando entró la administración de Ricardo Rosselló Nevares, y luego con Publicidad Tere Suárez durante la administración de Pedro Pierluisi.
Según las propuestas bajo contrato actualmente con AAFAF, los servicios que brindan van desde monitoreo de medios y manejo de crisis, hasta un análisis sobre el costo-beneficio de las pautas del Gobierno en los medios de comunicación y la creación de un “termómetro social” para medir los problemas que afectan a los puertorriqueños.
Es práctica común que el gobernador entrante traiga consigo a su equipo de campaña para trabajar en el Gobierno. Pero que los contratos se otorguen y el trabajo se supervise desde la agencia llamada a ejercer control sobre el manejo fiscal en el Gobierno choca con la misión de la AAFAF que es actuar como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico.
“La función específica de AAFAF es de asesoría fiscal. No tengo conocimiento de que tenga una función de publicidad o mercadeo. Esto levanta una pregunta ya que habría una expansión de sus funciones: ¿Por qué la AAFAF hace este tipo de contratación?”, dijo Urayoán Jordán Salivia, profesor de administración pública de la Universidad de Puerto Rico.
El propósito de la administración pública es gestionar un bien común, por lo que es importante conocer qué beneficio trae esta contratación para la ciudadanía, explicó el profesor.
El CPI solicitó a mediados de noviembre las facturas e informes de trabajo de una decena de contratistas, pero la agencia aún no ha entregado los documentos. Una solicitud de entrevista con el director de AAFAF realizada desde enero tampoco ha sido atendida.
Este domingo, durante la conferencia de prensa llamada “Informe Semanal”, La Fortaleza impidió la entrada del CPI para realizar preguntas a Domenech relacionadas a esta historia. Según la seguridad de la mansión ejecutiva, se le dio una directriz de exigir a los periodistas la acreditación que expide el Departamento de Estado para acceder a estas conferencias de prensa.
De todas formas, el CPI cuestionó por escrito a la AAFAF cómo justifica este gasto en la agencia que está supuesta a velar por el control fiscal del Gobierno y cómo se gestiona la supervisión de estos contratistas y su trabajo para La Fortaleza desde la AAFAF, pero no obtuvo respuesta.
La AAFAF fue creada en el 2016, en medio de la crisis fiscal que desencadenó en la ley PROMESA, y asumió los poderes del ahora extinto Banco Gubernamental de Fomento. La agencia pasó a ser representante del Gobierno ante los mercados financieros y el “enlace” con la Junta de Control Fiscal, a cargo de la implementación de los planes fiscales.
“Esta función técnica de la AAFAF se vería politizada si entra a un espacio de comunicación y propaganda”, sostuvo el profesor de administración pública. “Si lo que tienes es un esfuerzo de fortalecer la imagen, tienes una continuación de la campaña política, y eso no es una función del Gobierno”, añadió.
Un termómetro social desde la AAFAF
En su propuesta a la AAFAF, la agencia de publicidad Veintinueve de Febrero incluye el monitoreo de medios de comunicación y la medición de opinión pública. El documento habla sobre “desarrollar un termómetro social sobre los temas relevantes de interés del pueblo de Puerto Rico”, y de auditar las compras que realiza el Gobierno al pautar publicidad en los medios de comunicación.
La propuesta de Veintinueve de Febrero también menciona el desarrollo de planes de comunicación para AAFAF, lograr un “alineamiento” de las agencias gubernamentales “con la política pública y su comunicación”, y tener “en un solo lugar” la información relacionada a “medios, comunicación y opinión pública”.
Por estos servicios, la AAFAF acordó pagar hasta $200,000 a la agencia de publicidad. En lo que va de año, la compañía acumula sobre $18 millones en contratos con otras agencias como el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Compañía de Turismo y la Autoridad de Transporte Integrado.
La AAFAF además tiene otros dos contratos de consultoría en comunicaciones, según datos de la Oficina del Contralor.
En marzo, OEIL Inc., una compañía registrada a nombre del publicista Carlos Bermúdez, obtuvo un contrato con la AAFAF, por $60,000, a razón de $100 por hora, según la propuesta. En agosto, con el comienzo del nuevo año fiscal, AAFAF renovó el contrato a Bermúdez, esta vez por $120,000.
Bermúdez, quien también es empresario de la industria de la moda y publicista de artistas como Maripily, formó parte de la administración de Ricardo Rosselló Nevares y del chat de Telegram revelado en el Verano de 2019 y que acabó con la renuncia del entonces gobernador.
De regreso a La Fortaleza de la mano de la Gobernadora, los servicios de Bermúdez incluyen “mantener relaciones con los medios”, “colaborar en la definición de la política de comunicaciones”, “asesoría en asuntos públicos”, “asesoría a las agencias para manejar crisis” y “flexibilidad para participar de eventos, reuniones o misiones fuera de Puerto Rico”, entre otros.
La compañía del publicista está también bajo contrato con el Departamento de la Vivienda ($144,000) y la Compañía de Turismo ($120,000).
Otro contrato de consultoría en comunicaciones en AAFAF corresponde a YMR & Asociados LLC, una compañía registrada a nombre de Yolanda Rosaly Alfonso.
Además de monitorear medios, Rosaly —quien figura como contacto de prensa de Domenech en La Fortaleza— provee otros servicios como “manejo de crisis”, “entrenamiento para medios”, “redacción y/o revisión de talking points” y “alianza con medios y organizaciones vinculantes”, según la propuesta de una página que acompaña el contrato firmado en julio.
La “inversión” de la AAFAF en los servicios de YMR & Asociados este año fiscal “es hasta un máximo de $243,000”, con una tarifa por hora de $125, según el documento. Además del agente fiscal, YMR tiene contratos este año fiscal con la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones ($42,000) y el Departamento de Familia ($180,000).
Tanto la agencia de publicidad Veintinueve de febrero, como Bermúdez y Rosaly trabajaron en la campaña electoral de la Gobernadora, y no son los únicos contratados por la agencia fiscal del Gobierno tras las elecciones del 2024.
Michael Ayala Carrión, un estrecho colaborador de González y amigo cercano de Domenech, figura con un contrato en la AAFAF por medio de la compañía Stonepath Solutions. Ayala ofrece servicios de relaciones intergubernamentales y legislativas, planificación de eventos, coordinación de reuniones y manejo de “proyectos complejos”, según el contrato firmado en septiembre, por $144,000.
“Aunque somos una firma joven, nuestro equipo cuenta con una sólida trayectoria en relaciones gubernamentales, manejo legislativo y coordinación de proyectos multisectoriales”, lee la propuesta firmada por Gerardo Colón Toro, director ejecutivo de Stonepath, y quien figura como persona autorizada de la compañía inscrita a mediados de diciembre de 2024.
Ayala, quien trabajó con González cuando era comisionada residente, también fungió como asesor del equipo que redactó la plataforma de la Gobernadora, y posteriormente integró el comité que organizó la toma de posesión.
Además de la AAFAF, Stonepath tiene contrato con la Administración de Servicios Generales ($85,000).
Contrato fantasma de Houlihan Lokey
Para asistir en la resolución de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica —una promesa de campaña de González—, la AAFAF anunció en enero que traería a una nueva firma de consultoría financiera: Houlihan Lokey.
Un mes después del anuncio, Domenech aseguró que los nuevos consultores habían logrado extender un importante acuerdo entre la AEE y sus acreedores, como parte del proceso de quiebra que se lleva a cabo en el tribunal federal bajo PROMESA.
“Los resultados están ahí. Los mediadores estaban cansados de la mediación, listos para tirar la toalla y [dejar] que el tribunal resolviera el litigio, y fueron las gestiones de este servidor, en conjunto con las de Houlihan Lokey, por instrucciones de la Gobernadora, las que convencieron a los mediadores a pedir que se extendiera la paralización de litigios por 45 días para que las partes volvieran a entablar conversaciones”, dijo el director de AAFAF en una entrevista con El Nuevo Día.
Pero a más de 10 meses de estas expresiones, aún no aparece ningún contrato registrado bajo Houlihan Lokey para ninguna agencia de Gobierno en la Oficina del Contralor, según requiere la ley. En el pasado, esta oficina ha dicho que cualquier pago que reciba un contratista del Gobierno, sin tener el contrato registrado, sería nulo.
El CPI cuestionó a AAFAF sobre el estatus de esta contratación, pero no obtuvo respuesta.
La Oficina de la Contralora confirmó al CPI que no existe ningún contrato registrado bajo el nombre de esta firma de consultoría.
Hace 10 años, Houlihan Lokey tuvo como clientes a un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, algunos de los cuales continúan siendo acreedores de la corporación pública. Aunque Domenech negó esta aseveración, al igual que cualquier conflicto en la selección de Houlihan Lokey, una verificación de datos del CPI encontró documentos que muestran lo contrario.
Al menos tres de estos fondos de cobertura continúan siendo acreedores de la AEE.
Por otro lado, la AAFAF también corre con la cuenta de tres firmas de cabildeo en Washington, D.C. que aseguran colocar a la administración González en conversaciones importantes a nivel del gobierno federal.
Aunque la Oficina de Asuntos Federales —que tiene su propio presupuesto— es la que aprueba la facturación que presentan estas compañías, los más de $1.5 millones salen del presupuesto de la AAFAF.
Más allá de los nuevos cabilderos en Washington y de la supuesta contratación de Houlihan Lokey que no está oficializada, la AAFAF mantuvo bajo contrato a casi una docena de consultores y bufetes que trabajan en temas relacionados a PROMESA y la quiebra del Gobierno desde la administración de Ricardo Rosselló Nevares.
La lista incluye a las firmas de consultoría financiera Deloitte y Ankura, así como los bufetes O’Melveny & Myers y Marini Pietrantoni Muñiz. La renovación de contratos al grupo de consultores y abogados que representan al Gobierno de Puerto Rico en los procesos de PROMESA superó los $22 millones en fondos públicos, solo bajo el presupuesto de la AAFAF.
El presupuesto de la agencia para este año fiscal asciende a $47 millones, un aumento de $2 millones en comparación con el año anterior.