La Junta de Supervisión Fiscal advirtió que una propuesta para permitir que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) retenga y utilice directamente las multas que recauda por querellas éticas no cumple con las mejores prácticas de transparencia fiscal y podría agravar problemas de visibilidad presupuestaria en el gobierno central.
En una carta fechada el 19 de diciembre de 2025 y dirigida al director ejecutivo de la OEG, la Junta respondió a una iniciativa para enmendar la Ley 1-2012 con el fin de que esos ingresos —que actualmente se depositan en el Fondo General— pasen a ser administrados directamente por la agencia fiscalizadora.
Aunque la Junta reconoció el interés de la OEG en manejar sus propios recursos, sostuvo que la medida dificultaría el seguimiento y control de los fondos públicos, particularmente para la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que ya enfrenta limitaciones para tener visibilidad completa sobre los ingresos provenientes de fondos generales, federales y fondos especiales.
“El cambio propuesto no está alineado con las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas”, señala la comunicación firmada por el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., quien subraya que esta situación ya ha sido identificada como una debilidad estructural en el Plan Fiscal revisado del gobierno.
La Junta aclaró además que no ha tenido acceso a legislación específica que incorpore formalmente esta propuesta, aunque reconoció que existen conversaciones en curso entre la OEG y la Asamblea Legislativa. En ese sentido, reiteró su disponibilidad para discutir cualquier medida antes de que sea aprobada.
Como alternativa, la JSF recomendó que cualquier cambio en el tratamiento de los ingresos de la Oficina de Ética sea evaluado durante el proceso de elaboración del presupuesto del año fiscal 2027, al entender que ese es el espacio adecuado para analizar las necesidades operacionales de la agencia y su impacto fiscal.
La carta concluye enfatizando que una evaluación integral permitiría determinar “el camino más efectivo y fiscalmente responsable”, en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico.